La autora de la iniciativa, concejal Elsa Salazar, sostuvo que "los terrenos deberán haber estado ocupados en forma permanente durante ese lapso para vivienda del grupo familiar y estarán obligados a presentar un certificado de la Administración Tributaria de la provincia de Entre Ríos (ATER), donde conste que no poseen otro inmueble".
La ordenanza aprobada prevé la creación de un Registro de Adjudicatarios y Poseedores Precarios de Inmuebles Fiscales, en el que deberán inscribirse los interesados.
Estos deberán suministrar nombre, apellido, DNI y domicilio del poseedor o poseedores; datos personales de los integrantes del grupo familiar; certificados de trabajo e ingresos del grupo familiar, si corresponde; informe socioeconómico efectuado por la Secretaría de Desarrollo Social y Boleto de Pago de uno o más servicios a nombre del poseedor, que acredite el plazo de posesión mínimo requerido u otras pruebas que ofrezca para acreditar la posesión referida.
Los lotes podrán venderse al contado o ser financiados a plazo hasta en 60 cuotas mensuales y consecutivas, debiendo efectivizarse la primera de ella dentro de los treinta días de la fecha de adjudicación.
En caso de pago al contado, se efectuará un descuento del 20 por ciento en el precio del mismo.
Cuando del informe socioeconómico surgiere que el aspirante a la posesión definitiva del lote se encontrara imposibilitado de abonar el inmueble dentro del número de cuotas contempladas en la norma aprobada, el Departamento Ejecutivo queda autorizado a convenir la forma de pago de acuerdo a las posibilidades económicas del núcleo familiar.
Si bien el texto del ordenamiento legal estipula que los gastos de escrituración correrán por cuenta de los adjudicatarios, el mismo prevé la creación de un Fondo Especial para Subsidios Reintegrables de Gastos de Escrituración, al que podrán acceder aquellos adjudicatarios que determine el Departamento Ejecutivo, el cual se conformará con el cinco por ciento de lo recaudado por la venta de inmuebles.
La concejal Salazar destacó que "esta ha sido una iniciativa que fue consensuada con el intendente, a quien le preocupaba la situación planteada por la ocupación de terrenos fiscales por parte de mucha gente, que ahora tendrán la posibilidad de acceder a una posesión definitiva y levantar en esos predios la vivienda familiar".
"Esta ordenanza se orienta a dar una solución definitiva a numerosas familias que estaban requiriendo una medida de estas características", precisó la legisladora, y puntualizó: "El mayor número de terrenos fiscales ocupados de manera precaria en Paraná se da en las zonas de Bajada Grande y Capibá".
Espacio "Voz y Opinión Ciudadana
En el marco del espacio "Voz y Opinión Ciudadana" hicieron uso de la palabra integrantes de la Comisión Vecinal "Colinas del Sur", emplazada en la zona de avenida Jorge Newbery, entre calles Politti y Artigas de esta capital, quienes reclamaron por obras inconclusas en la pavimentación del barrio.
María Cristina Aristimuño, Marta Hernández y Verónica Díaz, expusieron ante los concejales que la obra fue licitada en el año 2015, y al presente no ha sido concluida.
Al respecto indicaron que el proyecto, si bien tuvo inicio de ejecución, luego fue abandonado, "habiéndose ejecutado los trabajos de pavimentación en solo dos cuadras sobre un total de catorce programadas".
"Ante tal situación, tuvimos reuniones con el intendente, concejales y otros funcionarios del municipio, donde recibimos solo promesas hasta ahora incumplidas, como por ejemplo que la obra sería finalizada en septiembre de 2016, cosa que no ocurrió", explicaron.
Ante los legisladores locales, las expositoras advirtieron: "Nos encontramos en el barrio con 36 familias que cuentan entre sus integrantes con personas discapacitadas, calles intransitables, donde en los días de lluvia no ingresan ambulancias, remises, recolectores de residuos, ni el transporte público de pasajeros, quedando los vecinos en una situación de total aislamiento".
En el transcurso de sus exposiciones, las vecinalistas se interrogaron sobre "cuál fue el destino de los recursos asignados para este proyecto", y anticiparon: "Seguiremos hasta las últimas consecuencias y, si no contesta ni da respuesta a los pedidos solicitados, denunciaremos penalmente al intendente por incumplimiento de su deber como funcionario público".
Pedido de Informes
Un Pedido de informes dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal por la concejal Cristina Sosa, relacionado con el accionar, imputaciones y expresiones de funcionarios de la gestión municipal en relación a una red de narcotráfico recientemente descubierta en esta capital, motivó un extenso e intenso debate, si bien al momento de la votación la iniciativa de la legisladora opositora no obtuvo las tres adhesiones requeridas para que se diera curso a la misma.
En el Pedido de Informes, Sosa destacó "la gravedad de las declaraciones públicas de los propios funcionarios del gobierno municipal que están detenidos por involucramiento en el narcotráfico y su red en la ciudad", y mencionó que los mismos "fueron electos por Sergio Varisco para desempeñarse en su gestión".
"En mi calidad de presidenta del bloque de concejales del Frente para la Victoria, reitero el Pedido de Informes y consideración por parte del Honorable Concejo Deliberante de la solicitud de comparencia de funcionarios implicados para ser interrogados en el ámbito del Concejo Deliberante", se expresa en el texto presentado por la edila.
Sosa propuso que "el propio cuerpo deliberativo analice la pertinencia de pedir la indagatoria judicial de alguno de dichos funcionarios y el correspondiente deslinde de responsabilidades o de posible encubrimiento de tales personajes y sus actuaciones en el seno del gobierno municipal".
En función de la gravedad de los sucesos, la edila detalló anteriores Pedidos de Informes, aún sin respuesta por parte del Departamento Ejecutivo y de "algunas necesarias referencias a las circunstancias que son conocidas a través de la prensa local, noticias que no fueron desmentidas por el señor Sergio Varisco, quien hasta el momento no ha realizado ninguna consideración al respecto".
El presidente de la bancada oficialista, Carlos González, al cuestionar la presentación de Sosa, pidió responsabilidad en la consideración de un tema de tanta sensibilidad, afirmando que el gobierno del intendente Sergio Varisco "responderá claramente a la justicia en cada uno de sus requerimientos, tanto al nivel personal como documental".
El edil cuestionó la presentación del bloque del Frente para la Victoria, e indicó: "Me hace ruido que cada veinte palabras se menciona el nombre de Varisco".
González instó a la oposición a que no haga "zancadillas" en "una cuestión tan delicada como la que está en proceso de investigación en sede de la justicia federal", y afirmó: "Este Pedido de Informes está motivado por un espíritu atravesado".
El concejal Pablo Hernández, que fuera convocado a prestar declaración testimonial en la causa por narcotráfico que se sustancia en la sede del Juzgado Federal de Paraná, sostuvo que su vinculación con uno de los principales imputados, Daniel "Tavi" Celis, fue solamente "de carácter político", ignorando que éste estuviera relacionado a la comercialización de droga.
El legislador afirmó que el matutino El Diario "miente" cuando "conjetura que su declaración en sede jurisdiccional motivó diversos allanamientos y la detención de personas vinculadas a la mencionada red de narcotráfico".
A su turno, el concejal Sergio David Cáceres celebró el accionar de la Policía Federal en el procedimiento que posibilitó desbaratar la banda narco, para aclarar seguidamente que "no pone en dudas la honorabilidad del concejal Pablo Hernández".
El legislador Juan Enrique Ríos "saludó la tarea que está llevando a cabo la justicia federal, señalando que "es preocupante si el grado de penetración del narcotráfico ha alcanzado a la administración municipal".
Convocó "a no asustarse por los Pedidos de Informes que haga un concejal en uso de facultades que le son propias" y advirtió que "hay algún grado de responsabilidad en estamentos de la administración municipal en esta causa".
El edil Santiago Gaitán, al requerir el uso de la palabra, dijo que el Pedido de Informes de Sosa "es un prejuzgamiento" e instó a los ediles a que se abstengan "a lo que finalmente resuelva la acción de la justicia".
Sosa le respondió que "no se trataba de un prejuzgamiento sino de un relato de hechos", y le recordó que el Pedido de Informes es "una herramienta legislativa, que de ninguna manera se involucra en ningún tema o facultad del poder judicial".
En esta marco, las edilas Claudia Acevedo y Karina Llanes sostuvieron que desde el oficialismo "se está brindando toda la colaboración con la justicia".
Consideraciones de la viceintendente Josefina Etienot
Al tomar la palabra, la viceintendente y presidente del Concejo Deliberante de Paraná, Josefina Etienot, destacó "el trabajo de la Policía Federal, fuerza que depende del Presidente de la Nación, en su lucha contra el narcotráfico".
"Esa lucha es un compromiso de Cambiemos y la voluntad política del gobierno nacional, como lo demuestran también las restantes fuerzas de seguridad como Gendarmería y Prefectura, que están trabajando tan efectivamente en la incautación de droga en todo el país", remarcó.
Más adelante, la vicepresidente municipal agregó: "Ratifico desde este lugar el compromiso institucional y político de nuestra gestión con el combate al narcotráfico en el marco de la legalidad, con la plena vigencia de las garantías constitucionales para todos".
Por último, al referirse al Pedido de Informes presentado por la concejal Sosa, recordó: "De 63 Pedidos de Informe que giró al Departamento Ejecutivo Municipal este cuerpo deliberativo el año pasado, en ejercicio de facultades que ustedes tienen como concejales, que es un reclamo institucional, solo se contestaron cinco".
