El proyecto de Solanas propone una ampliación profunda e innovadora del concepto de vivienda, la que además de digna incluye la particularidad y la necesidad de considerarla por la nueva ley como adecuada. Esta descripción permite que el derecho a la vivienda se encuentre ligado al cumplimiento de otros derechos garantizados por la Constitución Nacional y la normativa internacional en materia de derechos humanos.
En ese sentido el proyecto destaca que el derecho a una vivienda digna y adecuada está compuesto por elementos tales como: "a) seguridad jurídica de la tenencia; b) disponibilidad de servicios materiales e infraestructura; c) gastos soportables; d) habitabilidad; e) accesibilidad; f) lugar y, g) adecuación cultural; conforme surge del artículo 14 de la Constitución Nacional y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales".
Esta descripción protege a las familias de la vulneración de una gran cantidad de derechos a la hora de hacer posible el acceso a la vivienda.
"Resulta necesario adecuar la previsión legal de la ley 24.464, a los efectos de armonizar el derecho a la vivienda digna con el goce de otros derechos humanos trascendentales como el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho al ambiente sano, entre otros", sostuvo Solanas.
A su vez, el proyecto prevé la creación de una Comisión Bicameral Permanente Asesora que tiene como función principal la actualización de los coeficientes de participación de las provincias en el Fondo Nacional de la Vivienda, los cuales no se modifican desde el año 1997 (Entre Ríos participa de ese fondo en un 3,90%).
Además la importancia de esta nueva Comisión de asesoramiento permanente radica en velar por el cumplimiento de los objetivos de la ley FONAVI para fomentar el acceso a la vivienda a los sectores más necesitados a lo largo y ancho de nuestro país (no existiendo hoy organismo o entidad que coordine y evalué los objetivos propuestos por esta ley), pero buscando y asegurando el resguardo de los preceptos de autonomía provincial y municipal que prevé nuestra Constitución Nacional, evitando el avasallamiento e intromisión de los poderes nacionales a los fondos y al accionar autónomo de cada provincia y municipio.
Otra de las novedades relevantes del proyecto impulsado por Solanas, tiene que ver con la integración del Sistema Federal de Vivienda, otorgándole participación al Consejo Nacional de las Mujeres con el objeto de determinar cupos para las situaciones de violencia familiar y de género. Además prevé el ingreso del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, para asegurar las condiciones de vivienda digna y adecuada.
"En este contexto motiva a la presente reforma la necesidad de brindar herramientas más operativas que contribuyan a la adecuación y actualización de los coeficientes de participación en el fondo respectivo, en cuanto la última actualización data del año 1997, es decir desde hace veinte (20) años, convirtiendo esta previsión legal en letra muerta, circunstancia ésta que sin lugar a dudas nos interpela dada la creciente necesidad que en los tiempos actuales ha adquirido la problemática de la vivienda, sobre todos en los sectores vulnerables, lo cual requieren la participación activa y directa de cada una de las jurisdicciones gubernamentales y de otras organizaciones de la sociedad civil", concluyó Solanas.
