"La causa está casi lista", señaló Taleb. Y adelantó que lo que resta por delante es un reconocimiento en rueda de personas y las pericias de los cuatro teléfonos celulares que se secuestraron a los dirigentes de UPCN José Zarza, Carina Domínguez y Zunilda Suárez. Los otros dos sindicalistas implicados son Fabián Monzón y Guillermo Barreira. Todos están imputados por el delito de coacción agravada en perjuicio de la directora de la Colonia de Salud Mental.
De la Rosa, en tanto, tiene una doble imputación: coacción agravada y coacción agravada en coautoría con los dirigentes sindicales que viajaron a Diamante a presionar para que una funcionaria reincorporase a una empleada a la que se le había cortado la suplencia extraordinaria. Se trata de la enfermera Yanina Migueles, delegada de UPCN, con un expediente abierto en Salud por haber suministrado de forma errónea la medicación a pacientes de la Colonia de Salud Mental de Diamante.
Los fiscales Taleb y Datos tienen plazos definidos: el juez de Garantías de Diamante, Julián Vergara, les impuso un plazo de 30 días para concluir la investigación penal preparatoria. Deben hacerlo antes del 7 de julio. Y por delante, tienen la audiencia de revisión de la prisión preventiva que se aplicó por 15 días a tres dirigentes de UPCN: Monzón, Barreira y Zarza. Será el lunes 26. Mientras, no descartan ampliar la investigación y, eventualmente, las imputaciones.
"Puede que de las pericias a los teléfonos aparezca la figura de un instigador", planteó el fiscal Taleb a Entre Ríos Ahora.
"Los teléfonos son clave, y por eso pedimos los peritajes", aseguró.
El jueves 15, declaró como imputado el exministro De la Rosa. Lo hizo acmpañado de sus abogados, Leopoldo Lambruschini y Julio Federik.
De la Rosa rechazó las acusaciones: dijo que no coaccionó a Trossero, que no mandó, tampoco, a los dirigentes de UPCN, a hacer cumplir una resolución que había firmado y por la cual obligó a la directora de la Colonia de Salud Mental a reincorporar a la enfermera delegada sindical.
Los cargos formulados en su contra por los fiscales surgen de la investigación tras la detención de los cinco dirigentes de UPCN por las amenazas proferidas a la directora de la Colonia de Salud Mental de Diamante.
A De la Rosa la Fiscalía de Diamante le imputa dos hechos: coacción agravada por haber amedrentado a Trossero, en forma telefónica, comunicación que la funcionaria escuchó con el celular en altavoz en presencia de testigos, para que diera marcha atrás con una resolución que adoptó y que supuso la baja de una suplencia extraordinaria a una delegada de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Se trata de la enfermera Yanina Migueles, quien, según Trossero, tiene dos investigaciones abiertas en el Ministerio de Salud, una por administrar medicamentos en forma errónea a los pacientes alojados en la Colonia de Salud Mental.
