Por esta razón Solanas solicita "la inmediata restitución de los beneficios correspondientes a las pensiones por invalidez que fueran dadas de baja arbitrariamente y que a la fecha ascienden a más de ochenta y tres mil".
La iniciativa se apoya en la ley 27044 que otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), promulgada en 2006 y ratificada por el Estado argentino en 2008 y convertida en ley 26.378 que propone "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, y promover su dignidad inherente".
En los fundamentos, el legislador argumentó: "De esta manera la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad desarrolla conceptos como igualdad y no discriminación, contra todo trato cruel, abuso o explotación, derecho a la salud, a la educación y al trabajo, respeto a la privacidad, libertad de expresión y plena participación en la vida social y comunitaria, entre otros."
Para Solanas "la aplicación del Decreto 432/1997 es manifiestamente inconstitucional, en tanto importa una medida regresiva, que afecta decididamente el derecho de miles de personas, que no han tenido ninguna posibilidad de ejercer la defensa de su derecho" "Las bajas se dispusieron sin notificar a los beneficiarios, los cuales se vieron privados de facto por una decisión administrativa inconsulta y arbitraria." concluyó el legislador.
