El defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, expresó a Elonce TV que desde la semana pasada, reciben a personas en la Defensoría, "muy preocupadas porque de un día para el otro perdieron la contribución por discapacidad".
Según mencionó Garay, esta medida del gobierno nacional "recayó sobre 185 mil pensiones contributivas".
"Nos hemos conectado con autoridades del área de Desarrollo Social, a los que les dejamos en claro que no estamos de acuerdo con el procedimiento violatorio a la Convención de las personas con discapacidad. Cambió el paradigma, ya no es una cuestión de asistencialismo, sino que es un derecho", relató Garay.
Al mismo tiempo confirmó que se realizaron "una presentación por catorce casos" de la ciudad de Paraná.
Este viernes, de acuerdo a lo indicado, tendrán una reunión con la ministra Stanley. "Irán representantes de la asociación, porque queremos que se revierta esta injusticia. Creemos que si hay alguna pensión que ha sido mal otorgada, debería haberse notificado a esa persona, y en todo caso darle de baja a esa persona, y no a todas".
Además mostró la preocupación ya que "la persona con discapacidad tiene que volver a hacer todo el trámite, lo que es muy engorroso e injusto y pasarán muchos meses sin cobrar. Es por esto que los estamos acompañando desde la Defensoría".
Este marte se reunirá "con gente que está trabajando en el tema, de la Facultad de Trabajo Social y otras Ongs, para resolver medidas en conjunto". Afirmó que, en caso de no tener respuestas favorables, iniciarían "una acción colectiva".
La Defensoría está ubicada en calle Monte Caseros 159.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación detallaron los criterios que establecieron para la quita de pensiones a discapacitados. No podrá tener una pensión por discapacidad:
- Aquel discapacitado cuyo tutor responsable, cónyuge o consanguíneo obligado perciba un ingreso equivalente a tres jubilaciones mínimas, es decir, de 19.200 pesos por mes. Esa suma se ajustará.
-Quienes tienen un bien a su nombre, como un auto. Independientemente que este sea indispensable para garantizar la movilidad del discapacitado.
- Aquella persona con discapacidad cuyo cónyuge cobre una pensión o jubilación, incluso la mínima de 6.377 pesos. Con este último monto, la norma a la que se ciñe Desarrollo Social considera que un discapacitado y su pareja pueden vivir sin caer en la pobreza.
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