El artículo primero del proyecto, presentado por la diputada oficialista Emilce Pross propone la adhesión "en todos sus términos" de la provincia a la Ley nacional y establece que quienes estén alcanzados por sus disposiciones tendrán "garantizado en su domicilio el servicio eléctrico en forma permanente" y gozarán de "un tratamiento tarifario especial gratuito".
Además, el artículo dos determina la derogación de toda disposición de leyes provinciales que se le oponga.
"Tras el tarifazo, hay muchas personas que tienen problemas para pagar los servicios públicos y en este contexto difícil, adherir a esta norma es de suma importancia para brindarles protección a todas aquellas personas que se encuentran dependientes de la electricidad para seguir viviendo", fundamentó la diputada autora de la iniciativa.
Pross señaló que la Ley garantiza "un registro oficial y nacional de personas electrodependientes -que se estima que son 7.000 en el país-, la gratuidad del servicio y obliga a las empresas de energía eléctrica a entregar un grupo electrógeno a los usuarios inscriptos por motivos de salud y a mantener en funcionamiento constante la línea telefónica gratuita para asistir a las familias las 24 horas", ya que "los electrodependientes son personas que necesitan estar conectadas para vivir. Sin suministro eléctrico sobrevienen problemas de salud y, en el peor de los casos, hasta puede derivar en la muerte".
