Los asesora el médico Lino Sapetti, jefe del servicio de Traumatología del Hospital San Martín de Paraná y autor de un paquete de proyectos vinculados a la salud pública.
Luego de que desde el Ministerio se los dejara nuevamente afuera de la mesa de negociaciones, convocarán a los colegios de Bioquímicos, Farmacéuticos, a profesionales de la Enfermería y de la Instrumentación Quirúrgica y al Círculo Médico de Entre Ríos, entre otros actores.
En una reunión los empresarios avanzaron junto con Sapetti en la organización de la convocatoria, prevista para la semana próxima. "Después de las reuniones que mantuvimos con el ministro, el diputado provincial José Allende y los legisladores de la comisión de salud, nos pidieron que elaboráramos una propuesta y en eso estamos trabajando", explicaron los empresarios.
Los cuestionamientos del sector comenzaron al enterarse de la intención de De la Rosa de centralizar las compras de medicamentos e insumos para hospitales públicos y centros de salud de la provincia, un negocio que al año supera los 900 millones de pesos. La polémica se desató porque las condiciones de los pliegos son de imposible cumplimiento para las 35 droguerías entrerrianas. Si las compras se realizan a empresas de otras provincias dejando fuera a las locales, quedarían en riesgo los 150 trabajadores que emplea el sector e incluso algunas droguerías directamente se verían obligadas a cerrar.
Las negociaciones entre las droguerías y las autoridades de la cartera de salud se empantanaron nuevamente la semana pasada. En días previos, se les había solicitado copiosa información sobre las ventas de cada empresa del año pasado, pero una vez reunidos y entregados esos datos, desde la administración del ministerio se les respondió que tenían un plazo de 48 horas para adjuntar abundante documentación respaldatoria. Vencido ese plazo, desde al ministerio que conduce De la Rosa se daban por canceladas las negociaciones, se les advirtió vía correo electrónico.
"Nos pedían el detalle por artículo, con su respectivo precio, número y copia de cada factura y una serie de datos que no tenemos capacidad de reunir y menos en ese plazo. Además, en todo caso es información que nos puede pedir AFIP, no el ministerio. Ante esta situación, vencido el plazo y con la negociación cerrada desde la cartera, estamos trabajando junto al doctor Sapetti en un proyecto alternativo al que queremos sumar a todos los sectores involucrados en la gestión de medicamentos", explicaron.
Sapetti es jefe del servicio de Traumatología del Hospital San Martín y lidera un equipo técnico que reúne alrededor de 70 profesionales de distintas áreas vinculadas a la salud pública. Fue candidato a vice intendente por el Frente Renovador y trabajó en distintos proyectos para el partido de Sergio Massa. Es autor de un paquete de proyectos de ley sobre salud pública, que abordan temas tales como prótesis, tecnovigilancia, historia clínica médica única y la elaboración de un vademécum provincial, publica Análisis.
"Es necesario consensuar un gran vademécum dividido por especialidades médicas. Luego sí armar un sistema de compras. Pero sí o sí deben intervenir los médicos, las enfermeras, los instrumentistas, es decir el personal calificado que trabaja todos los días con estos insumos y están en condiciones de decir cuál es mejor, cuál sirve y cuál no, qué es obsoleto y qué funciona bien", explicó Sapetti, quien brega por "una auditoría médico - científica en este tema, no sólo jurídica y contable".
Junto al profesional, los miembros de la Cámara de Droguerías están organizando una convocatoria que incluirá a distintos colegios profesionales y a trabajadores de la salud de diversas áreas, entre ellos varios jefes de servicios del Hospital San Martín. También planean sumar a las universidades que tengan carreras afines.
Los empresarios recordaron también que soportan una deuda de 150 millones de pesos por parte del Ministerio de Salud, que data de más de seis meses. "Dice el ministro que con el nuevo sistema que nos dejaría afuera ahorraría un 20%, pero está comprobado que si siguen trabajando con nosotros, pero pagándonos en tiempo y forma, podrían ahorrar hasta un 40 %. Y no habría necesidad de dejar droguerías al borde del cierre y poner en riesgo las fuentes de trabajo de las empresas locales", indicaron desde la Cámara.
