"El Instituto hacía más de 4.000 viviendas por año, y actualmente hay 2.600 para este año y la proyección sería de 700 vivientes para el año siguiente, con lo cual, estimamos que las 13.000 personas que conformarían las 3.300 viviendas menos que se van a hacer, se verían imposibilitadas en acceder a este derecho", justificó ante Elonce TV, Federico Ferreyra, empleado de IAPV. De acuerdo al trabajador, la preocupación es doble. "Por un lado, la estigmatización que estamos sufriendo porque se bajó una línea para controlarnos porque según dicen, el dinero de las viviendas sería desviado, cuando eso no es cierto", apuntó, al tiempo que explicó: "Los fondos para las viviendas se aplican solo para eso y para avances de obra, y tienen un control antes de girarse los fondos y posterior a eso. A su vez, la Nación tiene una auditoria cada tres meses donde se controlan los destinos de todos los fondos de viviendas que otorga por cada cuenta particular".
"El IAPV podrá tener un retraso pero nunca para las obras, si tiene los fondos para construir", sentenció, al tiempo que advirtió que se "relentizan" los avances de obra y la construcción pierde calidad. Asimismo, los empleados de IAPV subrayaron su malestar por la importación de viviendas pre-fabricadas de origen chino, ya que según aducen, "se arruinará toda la mano de obra de la construcción, y además porque son más caras que las que construye el Instituto".
En la oportunidad, el diputado Solanas se mostró "preocupado", según dijo, "por la resolución que tiene la intención de poner el crisis el sistema solidario de IAPV en las provincias". "La política del gobierno nacional de poner todo en crisis, como si todo fuera deficitario, siendo que venimos a defender un sistema solidario, que es la garantía del Estado para la accesibilidad de los ciudadanos a la vivienda", argumentó el legislador y advirtió que "esos 18.000 ciudadanos no podrían acceder al sistema bancario por su dura accesibilidad y por los ingresos que tienen". Elonce.com