"Será para que se consulte a quienes miran desde otros pareceres, este proceso de ordenar jurídicamente con una ley, el uso que agroquímicos, que supere supuestamente la ley actual", argumentó a Elonce TV el bioquímico Daniel Verseñassi, presidente del Foro Ecologista de Paraná, quien se mostró "crítico" del anteproyecto elaborado por los senadores Ángel Giano y Mario Torres, "y de que no haya sido considerado en Diputados el proyecto del entonces senador Melchiori que tiene media sanción de aprobación en Senador".
En la oportunidad, Verseñassi denunció que en las iniciativas a tratar, "no está considerado qué pasa con quien en la contigüidad de un territorio que usa venenos, quisiera iniciar un proyecto que necesite de la no proximidad del que envenena" y apuntó como punto "escandaloso" que en los proyectos "no está garantizada la preservación del recurso del agua".
La iniciativa, que al igual que la mayoría de los proyectos anteriores coloca al Ministerio de la Producción como autoridad de aplicación, instaura claramente en el inicio que su objetivo es "la protección de la salud humana, de los recursos naturales y medio ambiente y de la producción agrícola".
Las distancias de aplicación y el control tecnológico
Se trata de las distancias de aplicación establecidas para las fumigaciones terrestres y aéreas y cómo se controla su cumplimiento, teniendo en cuenta el efecto de estos productos en la salud de las personas y en el medio ambiente.
En este apartado, se deja a cargo del Ejecutivo en la futura reglamentación de la norma la definición de las precisiones sobre las áreas de exclusión y distancias de pulverización (de zonas urbanas, periurbanas, fuentes de agua y establecimientos educativos, entre otros) y, a cambio, se introduce el "contralor tecnológico" como acción fundamental para evaluar los parámetros ambientales presentes al momento de la aplicación.
El último antecedente
Cabe recordar que en julio de 2014 un proyecto de ley para regular el uso de agroquímicos en Entre Ríos, en base a un proyecto de los senadores (MC) Oscar Arlettaz y Enrique Cresto y que había sido puesto a consideración en reuniones previas con especialistas, estuvo a horas de ser sancionado sobre tablas en la Cámara Alta, pero fue frenado y puesto en un "impasse" como consecuencia de una campaña promovida por la asamblea de ambientalistas "Entre Ríos sí, Entre Venenos No", quienes además montaron una vigilia frente a Casa de Gobierno en rechazo a la iniciativa que se quería sancionar.
