Según el diario La Nación, para amortiguar ese impacto, el cambio se haría después de las elecciones de octubre.
Hasta ahora, los institutos provinciales de la vivienda, bajo el control de las gobernaciones, definen junto con el Ministerio del Interior los proyectos a realizar en cada uno de los distritos.
Una vez que los fondos para pagar obras entran a las arcas provinciales, los gobernadores tienen un alto grado de discrecionalidad para definir el destino de ese dinero. Si bien hay controles de la Nación, es habitual que una provincia que enfrenta una emergencia económica o financiera use los recursos que le giró la Nación para pagar gastos corrientes antes que para cancelar una porción de las cuotas por el avance de las obras.
El Gobierno avanzará con la medida en los próximos meses, pero no la aplicará antes de las elecciones, posiblemente para evitar un choque adicional con los gobernadores antes de ir a las urnas.
Tanto las empresas como los funcionarios nacionales comenzaron a afinar un discurso para usar de escudo ante eventuales críticas: el mecanismo de pago sin intermediación de las provincias ya funciona en el caso de las obras hídricas.
