Los datos surgen de un informe publicado a fines del año pasado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, actualizado hasta el 20 de diciembre, y muestra parte de los avances y retrocesos del proceso de justicia por los crímenes de la dictadura en Argentina.
En el mapa nacional, Entre Ríos aparece como una de las provincias más atrasadas en materia de reparación judicial por los crímenes de la última dictadura cívico-militar, ya que se han dictado sólo cuatro sentencias: en 2011, por la sustracción y sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en el Hospital Militar de Paraná; en 2012, por secuestros, torturas y desapariciones en Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú; en 2015, se dictó sentencia en la emblemática megacausa Área Paraná, la que concentraba la mayor cantidad de denuncias por delitos de la dictadura en la provincia; y el año pasado fue condenado un ex policía provincial por el secuestro y torturas a una mujer.
Estos juicios significaron 17 condenas y 4 absoluciones. En el camino, hubo 2 integrantes de fuerzas de seguridad que fueron separados por razones de salud y otros 12 fallecidos antes de recibir una sentencia, publicó El Diario
Para el año 2017 se refleja una continuidad en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, con la casi segura tramitación de dos juicios en el Tribunal Oral Federal y la posibilidad de que otra causa, que tramita por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal (escrito), también tenga su plenario con audiencias orales y públicas.
Un policía de la patota
De las dos causas que se juzgarán este año, sólo una tiene fecha confirmada: 5 de junio comenzará el juicio al ex policía federal José Darío Mazzaferri, acusado por cinco allanamientos ilegales de domicilios, la privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de ocho víctimas, y como integrante de una asociación ilícita en el marco de un plan sistemático de persecución y exterminio de militantes.Mazzaferri integraba la patota de la Policía Federal de Concepción del Uruguay, pero no llegó a ser juzgado en 2012 porque se fugó cuando debía presentarse a prestar declaración indagatoria y recién fue detenido en diciembre de 2013.
Estaba a cargo del área de inteligencia de la Policía Federal, que funcionaba bajo el rótulo de oficina técnica. A partir del 24 de marzo esa área comenzó a operar como una estructura paralela a las actividades formales de la fuerza y desde allí se coordinaban las tareas de represión ilegal, inclusive con otras fuerzas militares y de seguridad. En el juicio celebrado en 2012 las víctimas dieron testimonios coincidentes respecto del rol de Mazzaferri en la represión ilegal: era quien encabezaba los operativos ?a veces hasta utilizando su automóvil particular? e instruía a los agentes en las más terribles técnicas de tortura con picana eléctrica.
Una particularidad que tendrá el debate es que los jueces serán Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe, que reemplazarán a los integrantes del tribunal oral porque ya intervinieron en el primer juicio.
Civiles al banquillo
El otro juicio que seguramente se desarrollará este año es el que tiene en el banquillo de los acusados a los médicos Miguel Alberto Torrealday, David Vainstub y Jorge Eduardo Rossi, propietarios del Instituto Privado de Pediatría (IPP), por el que pasaron los mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela.Se les atribuye haber permitido el ingreso y permanencia de los mellizos en la sala de neonatología, donde estuvieron internados con nombre falso la niña (Soledad López) y sin nombre el varón (NN López). Según los registros de la clínica privada, ambos fueron derivados del Hospital Militar el 4 y el 10 de marzo de 1978, respectivamente. También se les imputa haberles dado el alta médica (el 27 de marzo), autorizar su egreso administrativo y su entrega a personas que no eran familiares ni ostentaban ningún poder legal sobre ellos sin dar aviso a un Juzgado de Menores.
En febrero se desarrolló una audiencia preliminar, con el objetivo de establecer algunos criterios de cara al nuevo juicio, como la prueba que se admitirá, si se repetirán declaraciones de aquellos testigos que ya testimoniaron en el primer juicio o la posibilidad de admitir la reproducción de videos y medios audiovisuales que se encuentren incorporados en otros debates, por ejemplo.
Se espera ahora que el tribunal oral determine la fecha del debate.
Condenados y absueltos
2011
Pascual Oscar Guerrieri, ex militar, 14 años de prisión.Jorge Alberto Fariña, ex militar, 13 años de prisión.
Juan Daniel Amelong, ex militar, 13 años de prisión.
Walter Pagano, ex militar, 11 años de prisión.
Juan Antonio Zaccaría, médico del Hospital Militar, 5 años de prisión.
Marino Héctor González, ex militar, absuelto.
2012
Juan Miguel Valentino, ex militar, prisión perpetua.Naldo Miguel Dasso, ex militar, prisión perpetua.
Julio César Rodríguez, ex policía federal, 15 años de prisión
Francisco Crescenso, ex policía federal, 10 años de prisión.
Santiago Kelly del Moral, ex militar, absuelto.
Marcelo Alfredo Pérez, ex policía provincial, absuelto.
Juan Carlos Mondragón, ex policía provincial, absuelto.
2015
Cosme Ignacio Marino Demonte, ex policía federal, prisión perpetua.Jorge Humberto Appiani, ex militar, 20 años de prisión.
Alberto Rivas, ex militar, 16 años de prisión.
José Anselmo Appelhans, ex militar, 16 años de prisión.
Hugo Mario Moyano, médico, 10 años de prisión.
Rosa Susana Bidinost, ex directora de la cárcel de mujeres, 8 años de prisión.
Oscar Ramón Obaid, ex militar, 6 años de prisión.
2016
Ricardo Atilio Céparo, ex policía provincial, 16 años de prisión.
Un juicio escrito
Otro paso de la justicia federal que podría tener avance este año es la denominada causa Área Paraná II, en la que se investigan secuestros, apremios ilegales y torturas contra 22 detenidos políticos, entre ellos el caso del soldado Jorge Emilio Papetti, desaparecido en marzo de 1976 en el Regimiento de Concordia.La causa tiene ocho imputados. El expediente tramita por el antiguo código escrito y durante el año pasado se presentaron las acusaciones de los fiscales y querellantes, y los defensores hicieron su descargo.
Ahora, la jueza de sentencia, Beatriz Aranguren, deberá resolver cuál es la prueba que se producirá en el plenario. En esta instancia está previsto que las víctimas y familiares brinden testimonio en audiencias orales y públicas que podrían llegar a desarrollarse este año, si es que no hay dilaciones.
