Existen denuncias de organizaciones como Abuso Sexual Infantil (ASI) Basta, que advirtieron que en la provincia no se cumple con la Ley Nacional 26.150 que establece un programa nacional de educación sexual.
Con ese trasfondo, la diputada radical, Gabriela Lena, presentó este lunes un proyecto de Ley que prevé la creación de un programa provincial de Educación Sexual Integral, apoyándose precisamente en la Ley 26.150 que establece que "todos y todas los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada".
"Este proyecto fue una elaboración en conjunto con grupos de diversidad de la Unión Cívica Radical y otros organismos relacionados a la temática. Es un programa que tiene que ser agregado dentro de la currícula que establezca el Consejo General de Educación (CGE)", explicó a AIM.
Consultada sobre las resistencias que la iniciativa puede generar, sobre todo de sectores religiosos con influencia sobre el Estado, Lena consideró que "a esta altura de nuestra realidad, no tener en cuenta que la educación sexual es necesaria, que a los chicos se los debe educar y no reprimir, es estar medio pasado".
La iniciativa tiene en cuenta, como marco, distintas normativas nacionales y provinciales relativas a los derechos de los niños y adolescentes, la prevención de la discriminación y la violencia contra las mujeres, la salud sexual y procreación responsable, la prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, identidad de género y matrimonio igualitario.
En el artículo tercero del texto, a los efectos de la Ley, se define como educación sexual integral "al conjunto de actividades pedagógicas que articulan aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, destinados a brindar contenidos tendientes a satisfacer las necesidades de desarrollo integral de las personas y la difusión y cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, definidos como inalienables, inviolables e insustituibles de la condición humana".
El texto prevé el carácter "obligatorio" de la educación sexual y prevé la inclusión al programa de "las familias de dichos estudiantes con motivo de fomentar la integración de todo el círculo familiar".
En cuanto a la implementación, el proyecto presentado por Lena y acompañado con la firma del resto de sus pares del bloque Cambiemos, determina que "cada establecimiento educativo" incluirá la educación sexual integral en su proyecto institucional, "asegurando la transversalidad e interdisciplinariedad de sus contenidos en la currícula y adaptándola a su realidad sociocultural".
"Responsabilidad indelegable del Estado"
En los fundamentos del proyecto se hace hincapié en el rol que debe asumir el Estado (y hoy no asume) en cuanto a la necesidad del carácter sistemático de la educación sexual y la obligación que tiene en este sentido: "La educación sexual es un derecho de todas las personas y, por lo tanto, una responsabilidad indelegable del Estado. Sostenemos que desde allí deben propiciarse las condiciones para que la institución educativa se constituya en el espacio con el deber y la capacidad para generar condiciones que igualen el acceso a la información y a la formación de todos los estudiantes en lo que hace a la construcción de su identidad, autonomía, inviolabilidad y dignidad".
Desde esta perspectiva, los impulsores de la norma apuntan a la escolarización obligatoria y la responsabilidad del Estado en lo que hace a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, "permitiendo formalizar y sistematizar saberes que históricamente quedaron circunscriptos a la esfera de lo privado". Ha sido precisamente esta limitación de la educación sexual al ámbito privado la que la ha dejado a libre albedrío de prejuicios, tradiciones o desconocimientos que muy a menudo van a contramano de legislaciones y derechos civiles que las sociedades han ido conquistando.
"Es uno de los tantos temas de los cuales parte de nuestra sociedad tiene miedo de hablar y los considera tabú pero en algún momento lo tenemos que sacar a la luz", afirmó Lena.
En ese marco, sostienen que la educación sexual integral constituye también "una oportunidad para que la escuela y los docentes, como agentes del Estado (?) comiencen a buscar y ofrecer respuestas eficaces a diversas situaciones de vulneración de derechos".
Los objetivos
Entre los objetivos trazados se prevé la necesidad de "asegurar la transmisión, circulación e intercambio de conocimientos reconocidos por las comunidades científicas (?) sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral"; "promover actitudes responsables y de cuidado ante la sexualidad, fortaleciendo el ejercicio pleno de la ciudadanía sexual y la soberanía sobre el propio cuerpo", "brindar herramientas para la promoción de la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular", "procurar igualdad de trato, oportunidades y derechos entre varones y mujeres" y "promover el reconocimiento de la diversidad en sus múltiples manifestaciones como constitutivo de la condición humana". (AIM)
