Política Tras la renuncia del juez

Diputado lleva el caso Chiara Díaz a la Justicia para "evaluar" si hubo delito

Es el diputado oficialista y presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja, que acusó al ahora ex juez, por uso indebido de viáticos y ausencias excesivas de su jurisdicción. El argumento de la nueva presentación.
El procurador General, Jorge García, recibirá en los próximos días el expediente completo del caso por el que el ex vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Chiara Díaz, fue acusado por mal desempeño de sus funciones. El encargado de alcanzar el material al jefe de los fiscales será el diputado Diego Lara (FpV), presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja, y que fue quien encabezó la comisión que acusó al ahora ex juez por uso indebido de viáticos y ausencias excesivas de su jurisdicción.
El diputado oficialista explicó que la presentación que realizará en el Ministerio Público Fiscal será para que se "evalúe" si Chiara Díaz incurrió en un delito o no. "Es una obligación indelegable que el sistema le exige a cualquier funcionario público que tome conocimiento de la eventualidad de la comisión de un delito ponerlo en conocimiento a la Justicia", señaló Lara en diálogo con Entre Ríos Ahora, luego de que el juicio político fuera declarado abstracto por la Corte de Justicia, el miércoles último.

Los senadores ?jueces, en tanto el cuerpo fue un Tribunal- declaró el miércoles que el juicio no podía continuar ya que el funcionario acusado de mal desempeño renunció a su cargo y el gobernador Gustavo Bordet aceptó su dimisión. El juicio se consideró en abstracto y, por tanto, no se dictó sentencia por la destitución o absolución.
Detalles del procedimiento
Antes de la decisión que puso punto final al juicio político, Lara pidió que se le corra vista al procurador general de la provincia, Jorge García, para que abra una investigación sobre el juez renunciado. Tras la petición, que incluyó un virtual alegato del diputado, el senador Raymundo Kisser (Cambiemos) señaló que no era facultad de la Corte decidir al respecto, por cuanto la sesión sólo fue convocada para dar por concluido el juicio. La posición del radical fue compartida por el jefe de bloque del Frente para la Victoria, Ángel Giano. En todo caso, se le explicó a Lara, la presentación podía hacerla cualquier ciudadano ?ya que el expediente es de acceso público- o él, en tanto funcionario público.

Al respecto, el legislador oficialista confirmó que en los próximos días formulará "una solicitud formal" para que el "ministerio intervenga y evalúe todos los elementos que están en el expediente para que considere si existe o no razones para que se inicie una investigación".
"En este caso hay que ponerlo en conocimiento de quien está a cargo de motorizar el andamiaje del sistema penal que es el Ministerio Público Fiscal", señaló Lara.
Las pruebas del expediente
El diputado dijo que el expediente que será remitido al jefe de los fiscales "contiene testimoniales, informes de universidades, del Poder Judicial y de organismos de recaudación impositiva, y de organismos que tienen que ver con el ingreso y egreso de personas del país, como es la Dirección Nacional de Migraciones".
"Hay una serie de elementos que entendemos que tienen que ser evaluados por el Ministerio Público Fiscal para determinar si existe o no una eventual comisión de un delito. Es nuestro deber de dar cuenta al ministerio fiscal", sostuvo.

Al ser consultado si será el propio Lara quien comunique a la fiscalía de todo lo actuado, dijo que "probablemente vamos a analizar con el resto de la comisión acusadora o la haré en lo personal". Preguntado sobre qué delito considera que habría cometido el ex juez, Lara afirmó que serán los acusadores públicos quienes deben determinarlo.
Controlar a otros poderes
Como conclusión de cierre al proceso de juicio político, Lara consideró que "ha sido una experiencia muy valiosa" ya que "es histórico que un procedimiento de juicio político haya llegado a esta instancia".
"Ha sido un avance importante en el sentido de que la sociedad entrerriana pudo ver y apreciar que el poder legislativo, en cumplimiento de lo que la Constitución establece, pueda controlar la responsabilidad de los actos de gobierno de otros poderes, en este caso del Poder Judicial, y de uno de sus miembros", finalizó.
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