En tanto a las 19 está convocada la sesión especial para darle tratamiento a dicho dictamen.
Se necesita quórum calificado, es decir los tres cuartos de la totalidad de los miembros para llevar adelante la sesión prevista para las 19.
Lo que es un hecho es que la comisión investigadora emitirá dos dictámenes: el oficialismo considera que no hay pruebas para acusar a Mizawak; y los legisladores de Cambiemos, en cambio, adelantaron que presentarán un fuerte dictamen de acusación.
Los diputados Esteban Vitor, María Alejandra Viola, Jorge Monge y Gabriela Lena son los firmantes del dictamen de acusación contra Mizawak. Se trata de los integrantes de la Comisión de Investigación del bloque Cambiemos, quienes encuentran motivos, elementos y pruebas, según indican en su escrito, para llevar al juicio político a la titular del máximo tribunal del Poder Judicial entrerriano. El escrito recomienda y avala la formal acusación contra Mizawak y vas más allá aún, al proponer la votación favorable que "debería culminar con la destitución", según el borrador.
Los legisladores de la oposición dicen que está probado el "mal desempeño" y que el proceso "debería terminar en destitución".
En ese sentido afirman que está probado que desde enero del año 2008 hasta diciembre del año 2016, Mizawak se ausentó de la jurisdicción durante 332 días hábiles, que a su vez representaron la cantidad de 400,5 días de viáticos por una suma de 537.763,50 pesos.
La presidenta del STJ fue denunciada por un grupo de abogados a partir de las manifestaciones que hiciera Carlos Chiara Díaz en ocasión de efectuar su descargo ante la comisión investigadora en el proceso de juicio político en su contra. Se le achacó a Mizawak la causal de mal desempeño por los viajes que habría realizado por cuenta del Poder Judicial, una supuesta falta de control en el otorgamiento y rendición de viáticos, la participación en sociedades comerciales, la percepción de "sobresueldos" y la manipulación de votos en la acción de inconstitucionalidad respecto de la designación de Guillermo Smaldone como presidente del Tribunal de Cuentas.
La Comisión de Juicio Político, que preside Diego Lara (Frente para la Victoria), habilitó la investigación y tiene tiempo hasta el jueves para emitir un dictamen, en base a las pruebas recolectadas y el descargo efectuado por Mizawak.
La presentación que analizó la comisión plantea una serie de causales que constituyen, a criterio de los denunciantes, causales de mal desempeño de sus funciones por parte de Claudia Mizawak.
La primera causal que se le atribuye es realizar "viajes y abandonos excesivos de la jurisdicción" y "falta de diligencia debida en el control del otorgamiento de viáticos y licencias", precisamente la misma acusación por la cual Chiara Díaz está sometido a un proceso de juicio político. En el mismo sentido, se le achacó "una supuesta absoluta falta de control de parte del Tribunal de Superintendencia ?cuyo presidente y máximo responsable resulta ser la doctora Mizawak? en el otorgamiento y rendición de los viáticos concedidos a los magistrados, dejando entrever que actualmente, para el otorgamiento de los mismos, no se exige la presentación de la invitación correspondiente, programa de actividades, como así tampoco la rendición de cuentas".
Otro elemento que analizó la comisión es la supuesta "participación en sociedades comerciales con el señor Sergio Daniel Urribarri y el señor Raúl Arroyo", lo que constituiría una "incompatibilidad con el ejercicio de la magistratura". Concretamente, se le cuestiona haber sido directora de la empresa denominada A y M Sociedad Anónima hasta ocho meses después de su designación en el alto cuerpo, lo que le estaba vedado por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
También se le atribuye a Mizawak es la "percepción de sobresueldos" y el "enriquecimiento sin causa". Este punto está relacionado con la administración de gastos reservados por parte del Superior Tribunal de Justicia.
La otra cuestión por la que fue denunciada a Mizawak tiene que ver con una "manipulación de votos en causa Arralde y tráfico de información", a raíz de la resolución que se dio en el STJ a la acción de inconstitucionalidad presentada por el ex senador Juan Carlos Arralde respecto de la designación de Guillermo Smaldone como presidente del Tribunal de Cuentas, sin atravesar por un concurso, como lo ordenaba la Constitución Provincial reformada en 2008.
