Después de escuchar la exposición de los representantes de empresas distribuidoras del Litoral del país y los respectivos pedidos de incrementos: la prestadora local Redengas solicitó una suba de más del 30%, el Defensor del Pueblo consideró "excesivos" los aumentos solicitados y los relacionó con la proyección inflacionaria que el gobierno nacional hace para 2017, del orden 17%. A eso le añadió el hecho de que el cuadro tarifario será quinquenal e incluirá actualizaciones semestrales de precios, fijados en base al índice inflacionario oficial.
"El bolsillo del trabajador es uno", dijo el Defensor Garay al referirse al impacto que tendrá un nuevo incremento que se sumará al ya aplicado durante este año.
Al respecto, como Defensor del Pueblo de Paraná y vicepresidente segundo de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), advirtió el rol de estas instituciones, que son "una verdadera caja de resonancia" de lo que les pasa a los ciudadanos con, por ejemplo, los incrementos de los servicios. Y mencionó que este año, todos los días se escucharon en la Defensoría quejas y lamentos de usuarios con dificultades para llegar a fin de mes y pagar las boletas.
Paralelamente, consideró que las empresas distribuidoras realizaron estudios "muy serios y prolijos", en base a sus propias preocupaciones e intereses; pero pidió al gobierno nacional no perder de vista la situación de los usuarios, de los ciudadanos de a pie que no saben de los detalles sobre si se trata de costos de boca de pozo o distribución y que sí, en cambio, deben estar más que ocupados para poder llegar a fin de mes, abonar servicios, alimentar la familia y, en muchos casos, pagar el alquiler.
En ese sentido, pidió al Ejecutivo nacional que al analizar una eventual suba tenga en cuenta sus propias proyecciones -en relación a la inflación previstas para el año que viene- y que se atienda el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que anuló los incrementos de principios de año, basado en los conceptos de "progresividad, proporcionalidad y razonabilidad" y en la consideración protectora de los más vulnerables, en este caso los usuarios. Seguidamente, se refirió a la quita de subsidios, decisión que consideró de alto impacto en el poder adquisitivo de los trabajadores.
En otro tramo, hizo alusión concretamente a Redengas y coincidió con el pedido de la empresa local: que el gobierno nacional la considere en pie de igualdad de otras distribuidoras del país. Antes, desde la firma se había reprochado el trato desigual a partir de diferencias de conformación de origen. Garay justificó el requerimiento en que "indirectamente los beneficiarios van a hacer los vecinos de Paraná".
En cuanto a un plan de inversiones presentado por la empresa, el Defensor del Pueblo lo consideró "muy importante", pero se preguntó cómo se va a aplicar, quién lo va a auditar, qué pasará si no se cumple.
Por último, y en relación a la intención de instrumentar un amento a partir de abril próximo, pidió que se considere la posibilidad de aplazar la vigencia hasta después del invierno, época en que crece la demanda notablemente.
"Para nosotros es importante que se piense en el vecino, el ciudadano común que todos los días hace un esfuerzo para llegar a fin de mes (...). Pido que cualquier aumento que se otorgue sea prudente, progresivo y de acuerdo a un proceso inflacionario proyectado", concluyó el Defensor.
