La iniciativa se fundamenta en el anuncio oficial del Presidente uruguayo que ha generado preocupación en muchos sectores de la comunidad, especialmente en la Provincia de Entre Ríos ya que la nueva planta tendrá mayor capacidad de producción a la ya instalada sobre Fray Bentos, con impacto en el Río Uruguay.
El proyecto busca "defender el derecho a un ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, esencial para el pleno disfrute de una amplia gama de derechos humanos, entre ellos los derechos a la vida, la salud, la alimentación, el agua y el saneamiento".
En ese sentido cita a la Encíclica del Papa Francisco "Laudato Sí", que establece expresamente que "Los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de formas inmediatistas de entender la economía y la actividad comercial y productiva. La pérdida de selvas y bosques implica al mismo tiempo la pérdida de especies que podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, no sólo para la alimentación, sino también para la curación de enfermedades y para múltiples servicios".
Por último, el Diputado opina que no obstante las manifestaciones públicas realizadas por el gobierno argentino de "...proceder a controles ambientales, conjuntos, transparentes y concluir el monitoreo a UPM", según lo manifestado por el jefe de Gabinete en el informe de gestión 95, se contradice con la decisión de las cancillerías de Argentina y Uruguay de suspender por el momento la instalación de un laboratorio para realizar en forma conjunta el monitoreo de los efectos ambientales de la planta.
El proyecto cuenta con la firma de Julio Solanas, Héctor Recalde (presidente del bloque FPV), María Teresa García (Secretaria Parlamentaria bloque FPV), Carlos Castagnetto, Carolina Gaillard, Rubén Barreto, Juan M. Huss, Adrian Grana y Josefina Victoria Gonzalez.
