Por un lado, la DAIA pedirá al juez federal Daniel Rafecas -quien rechazó la acusación al entender que era infundada- que desarchive el caso y que la entidad sea aceptada como parte damnificada. "Queremos seguir avanzando y saber el porqué de la denuncia", dijo el presidente de la comunidad, Ariel Cohen Sabban.
Al mismo tiempo, el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, solicitará anular el fallo que en marzo de 2015 puso fin a la investigación, según publicó este domingo el diario La Nación. Días atrás, tras una licencia de siete meses, Moldes retomó sus funciones y, en una de sus apariciones en los medios, anticipó que "tarde o temprano se va a reabrir".
En este marco, el fiscal apuntó contra los miembros del Poder Judicial que con "maniobras sucias y artimañas más propias de un centro de estudiantes de un secundario que de magistrados de la Nación" contribuyeron a poner freno a la denuncia del difunto fiscal.
Tanto Cristina Kirchner como su canciller Héctor Timerman, el diputado camporista Andrés Larroque y los dirigentes piqueteros Luis D`Elía y Fernando Esteche habían sido acusados por Nisman de haber sido autores y cómplices del delito de encubrimiento agravado.
En una columna de opinión que publicó este domingo La Nación, Moldes manifestó que continuar con la investigación "permitiría aproximarnos a la identidad de los responsables mediatos, de los autores intelectuales de su muerte y cuáles eran las razones reales de ese inexplicable y copernicano giro de nuestra política exterior, así como los entretelones de esa oscura trama que justificaba cualquier extremo con tal de impedir que el asunto se ventilara".
En su presentación, Nisman había denunciado la existencia de un "plan delictivo" para garantizar impunidad a los responsables del mayor atentado terrorista de la historia argentina. La decisión del encubrimiento, sostuvo el fiscal, fue tomada por la entonces presidente Kirchner y ejecutada por el ex canciller Héctor Timerman.
Un mes después de que el ex titular de UFI-AMIA apareciera muerto en su departamento de Puerto Madero, el fiscal Gerardo Pollicita había impulsado su acusación y le había pedido al Rafecas que estableciera si había evidencias que sostuvieran las sospechas.
Pero el magistrado consideró que no había delito, al sostener que, dado que el pacto con Irán nunca entró en vigencia, no se había producido ni siquiera el "principio de ejecución de un delito".
Luego del fallo del juez Rafecas, la Sala I de la Cámara Federal ratificó el criterio del magistrado. Meses más tarde, en consonancia con lo formulado por el fiscal Javier de Luca, miembro de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, la decisión de archivar que confirmada por la Cámara de Casación.
