Política Anses

Qué cambios pretende hacer el gobierno nacional en el sistema jubilatorio

Desde la Anses señalan que las medidas apuntarán a volver sustentable el sistema. Pretenden igualar las edades de retiro en todo el país y crear incentivos para que quienes estén en condiciones de jubilarse sigan trabajando.
Una vez que se ponga en marcha el megaplán de blanqueo de capitales y pago a los jubilados, el Estado nacional -y particularmente la Anses- prevé nuevas medidas para tratar de minimizar el déficit que presenta el sistema previsional argentino.

"Hoy la Anses recibe un 30% de ayuda del Tesoro para afrontar el pago a los jubilados", confirmó a La Nación el director del organismo, Emilio Basavilbaso.

Según el economista Raúl Ochoa, el motivo del déficit proviene de varias circunstancias: "Por un lado está el 35% aproximadamente de trabajadores en negro que tiene el país y que no aportan. Por otro, durante la pasada década se incorporaron al sistema más de tres millones de jubilados que nunca hicieron aportes. Por último, las personas viven cada vez más y siguen dependiendo del sistema durante décadas". Una primera medida para contrarrestar la situación será igualar las edades jubilatorias a nivel país y que se establezca en 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. Actualmente, trece provincias siguen administrando las jubilaciones de sus empleados, a veces con diferencias significativas a nivel país. Un caso emblemático es el de Santa Cruz, donde los trabajadores se jubilan diez años antes. Basavilbaso, adelantándose en este punto, aclara que más allá de esta medida no está en los planes subir las edades jubilatorias, pero "sí armonizar el sistema".

En línea con lo anterior, se buscará ofrecer incentivos para que aquellos que hayan alcanzado la edad para jubilarse pero deseen seguir trabajando lo hagan. "Se bajarían las cargas sociales para que quien quiera pueda seguir engrosando sus aportes con menor esfuerzo. El sistema gana porque no tendría que pagarles, aún, el haber a esas personas, que se mantendrían por sí mismas", explica el funcionario.

Por otro lado, el Gobierno también espera reinstalar el componente de ahorro que contemplaban las AFJP, pero esta vez a través del Estado. Es decir que, de manera voluntaria, el trabajador en actividad podrá aportar un extra a modo de inversión y que luego sumará a su haber jubilatorio.

Sobrevolando estas cuestiones está el tiempo que toman los trámites en la Anses para empezar a cobrar la jubilación. A fin de año el período máximo de espera debería reducirse a seis meses (hoy son nueve) y para 2019 el trabajador debería poder cobrar su primer haber al mes de haberse retirado.

Todas estas modificaciones y otras propuestas que se lleven adelante, explicó Basavilbaso, se tratarán en una comisión multipartidaria, que espera tener aceitada esta batería de medidas de aquí a tres años, previo análisis detallado de la situación. Además, incluida en la "reparación histórica a los jubilados" está la instauración, por ley, de la "pensión universal de la vejez" para todos aquellos que no puedan justificar los aportes y estén en edad de retirarse. A partir de ahora, esta pensión social, que representa el 80% de la jubilación mínima, saldrá de las arcas del Estado, no de la Anses. Así, quienes aportan no estarán financiando a quienes no lo hicieron.

Cuentas pendientes

El 82% móvil para todos no está en los planes del Gobierno por el momento, excepto para aquellos que perciban la mínima. En cuanto a los monotributistas, eternos postergados en la cuestión previsional, ya que sólo cobran la jubilación mínima, Basavilbaso aclaró que eso no le corresponde resolverlo a la Anses. Sin embargo, según confió al diario La Nación una fuente, en la AFIP "se está evaluando que los monotributistas que más facturan puedan hacer mayores aportes y recibir una mejor jubilación".

Más allá de estas medidas, la premisa más urgente que reconocen en la Anses es tratar de bajar el porcentaje de trabajadores informales. Así, se podrán extender la recaudación, ampliar los derechos previsionales y reducir la presión sobre quienes hacen sus aportes. Para ello se están aplicando algunos incentivos tendientes a la formalización, como la posibilidad de mantener un plan social cuando se consigue trabajo.
Fuente: La Nación
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