Los dos magistrados pertenecen a la Cámara Contencioso Administrativa y ambos amparos corresponden a un mismo empresario, Alejandro di Palma. Resueltos en primera instancia con fallos en contra del Ente Regulador y también de la Fiscalía de Estado, ahora los dos recursos de amparo están a resolución de la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Esta semana se aguarda que haya sentencia respecto del primer caso, Bioder SA.
Pero antes, el interventor del EPRE, Marcos Rodríguez Allende, pretende acudir a Tribunales, y citar a todas las partes para explicar de qué modo se aplicó el aumento tarifario. "Queremos dar una explicación profunda respecto de cuestiones que son muy técnicas como son los componentes de la tarifa eléctrica. Sería una cuestión novedosa, pero que está prevista: queremos que participen todas las partes, los amparistas, los jueces, el procurador (Jorge García) y por supuesto, el EPRE", dijo a El Diario Rodríguez Allende.
Precisamente, la falta de convocatoria a audiencia pública para debatir el aumento tarifario que el Ente Regulador dispuso por resolución es uno de los reproches centrales de los fallos adversos que cosechó el Gobierno en la Justicia.
El artículo 36º de la Ley Nº 8.196/95 de Marco Regulatorio Eléctrico prevé que las distribuidoras -18 cooperativas eléctricas más la estatal Energía Entre Ríos SA (Enersa)-aplicar "estrictamente las tarifas aprobadas por el Ente Provincial Regulador de la Energía", pero que cualquier modificación debe contar con "difusión pública" y debatida en "una audiencia pública".
"El Ente Provincial Regulador de la Energía deberá resolver dentro de los 60 días corridos contados a partir de la fecha del pedido de modificación -prevé el artículo 37º-. Este plazo podrá ampliarse mediante resolución fundada en causas imputables a la concesionaria. Si no se resolviese en el plazo mencionado, el concesionario podrá ajustar sus tarifas a los cambios solicitados como si estos hubieran sido efectivamente aprobados, debiendo, sin embargo reintegrar a los usuarios cualquier diferencia que pueda resultar a favor de estos últimos si las modificaciones no fueran finalmente aprobadas".
La jueza Schumacher fue quien más claramente advirtió el incumplimiento de ese apartado legal, al sostener que no pone en discusión en su fallo, que benefició a la empresa Estación de Servicio Laurencena SRL, la necesidad de la actualización tarifaria. Pero advirtió que no se cumplió la ley al no citarse a audiencia pública antes de aplicar esa suba.
El Ente ha explicado en la Justicia el procedimiento que derivó en el aumento tarifario de la energía que ahora está en discusión.
La resolución Nº 150/15 puso en vigencia el aumento aprobado en la audiencia pública de enero de 2014, en Villaguay, cuando se autorizó una suba del 19,8% que, sin embargo, y como consecuencia de un acuerdo Nación-Provincia, permaneció congelado hasta diciembre último. Pero a ese incremento se sumó el índice de adecuación de los costos de distribución, otro 17,2%, con lo cual la suba resultó del 37%. Aunque aclaró que se trató de un incremento morigerado por cuanto a partir de la fórmula polinómica prevista en el contrato de concesión, ese incremento debió ser del 81,17%.
Pero ese porcentaje se aplicó sólo en enero de 2016. En febrero, el Ministerio de Energía de la Nación aprobó un nuevo incremento para todas las distribuidoras del país que movió el costo de la energía en el mercado mayorista y supuso para el usuario otro 84% de aumento.
