La decisión le fue comunicada ayer a los apoderados de las seis fórmulas presidenciales por la Cámara Nacional Electoral que preside Alberto Corcuera y que integran Alberto Dalla Vía y Rodolfo Munné (ausente en la reunión).
La medida busca evitar que en la noche del 25 el recuento se demore, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Para hacerlo, las mesas tendrán que separar las actas de presidente, vice y Mercosur nacional, contarlas y comunicar de inmediato a Correo Argentino esos datos para que la empresa Indra, contratista del escrutinio provisorio, adelante el resultado de la competencia principal de ese día.
En la audiencia de ayer estuvieron los representantes de las seis alianzas que compiten por el ticket mayor, entre ellos Jorge Landau (Frente para la Victoria), José Torello (Cambiemos), Beltrán Mihura (UNA), tan interesados como los magistrados en despejar la amenaza de un Cromañón electoral que se sume a las críticas de partidos -oficialistas y opositores- y de la opinión pública sobre la transparencia y la eficacia del sistema electoral.
La clave de la aceleración del escrutinio presidencial es separar en todos los distritos las actas de cargos nacionales, en una presidente, vice y mercodiputados nacionales, y en otra, los legisladores nacionales por cada distrito.
La percepción del grupo que se reunió es que con ese procedimiento se puede ganar por lo menos una hora en la publicidad del conteo provisorio para que todos se vayan a dormir ese domingo con un dato cierto de lo que pasó. Que haya o no balotaje es decisivo para todas las fuerzas, pero especialmente para el oficialismo, sobre el que recaen toda las miradas y los reproches en las elecciones.
En la reunión, el apoderado Landau pidió que la Cámara autorice que los fiscales generales de cada partido en los distritos tengan la facultad de designar fiscales locales a nivel municipal. El peronismo piensa siempre en el megadistrito de Buenos Aires y esos fiscales permitirán un mejor control del voto para su fuerza. Los apoderados de UNA y de Cambiemos se plegaron a la medida que en realidad oficializa una costumbre de los partidos que envían vigiladores a cada escuela en la que se vota.
Otro punto que se resolvió fue la ratificación del funcionamiento oficial del llamado "cuarto de contingencia", un recinto que hará en cada escuela con las boletas de reserva por si algún elector reclama el faltante en su mesa. Ese cuarto existe hoy para depositar las boletas, pero la Cámara resolvió darles el carácter de "oscuro", es decir que el elector pueda tener acceso a la búsqueda de la boleta sin pedírselas a las autoridades que esta vez sólo tendrán que acompañarlo a ese segundo recinto.
Este asunto surgió porque el juzgado electoral de La Plata de Laureano Durán había comunicado que después de una revisión de su personal sobre los lugares de votación había detectado que en muchos de ellos no hay lugar físico para ese segundo recinto y que las boletas de reserva tendrán que resguardarse en bolsas. La Cámara también decidió darle a esas bolsas el carácter de "oscuras". Todo un alarde de imaginación normativa.
La preocupación de los camaristas por estas turbulencias electorales ha motivado una sucesión de reuniones con apoderados de todos los partidos, con las ONG y asociaciones interesadas en temas públicos, con las autoridades del Gobierno (Correo, Dirección Nacional Electoral, Fuerzas Armadas y de seguridad), que culminaron ayer con los apoderados de las seis fuerzas que disputan la presidencia.
Otra preocupación de los jueces es el cumplimiento de las normas del Código Electoral que impiden que las fuerzas que ejercen cargos ejecutivos y que tienen candidatos con cargos usen esa preeminencia para hacer campañas embozadas. Desde el próximo sábado 10, el artículo 64 quater del Código dice que "la publicidad de los actos de Gobierno no podrá contener elementos que promuevan expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales". Los Ejecutivos tienen de sobra experiencia en eludir esas restricciones, como la que, en la última semana antes de las elecciones, impide "la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo, y, en general, la realización de todo acto de Gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales".
Candidatos como Daniel Scioli, Mauricio Macri, Aníbal Fernández, Eduardo de Pedro y otros tendrán que limitar su actuación en el tramo que queda de la campaña como gobernantes y funcionarios, pero sus asociados como Cristina de Kirchner o Horacio Rodríguez Larreta -que no son candidatos- tienen zona liberada para hacerlo.
Este filtro ya motivó una demanda del diputado opositor Manuel Garrido, quien, antes de las PASO, reclamó a la Justicia que se le impidiera a la Presidente el uso de la cadena y de actos para pedir el voto en su carácter de funcionaria pero también de dirigente partidaria. Esa demanda fue rechazada por la jueza María Servini de Cubría por considerar que el uso electoral de esos actos era algo "conjetural". Cuando Garrido apeló, pasada la elección, Servini la consideró abstracta, algo que rechazó la Cámara que preside Corcuera, que entendió que no era abstracta porque se venían otras elecciones.
El Poder Ejecutivo -toda una señal política sobre lo que piensa de estas normas- apeló esa sentencia en recurso de queja a la Corte que la Cámara Electoral concederá en pocas horas más. O sea que todo terminará en la Corte, que debe decidir si falla ahora o -como en otros casos electorales, como la validez (o no) de la elección de Tucumán o la constitucionalidad (o no) de la ley de lemas en Santa Cruz- postergará todo para cuando hayan pasado los comicios de octubre.
