A través del Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, el gobierno provincial objetó a algunos de los firmantes de la demanda judicial y recurrió a un polémico antecedente del STJ, según el cual si una norma no es "groseramente inconstitucional y repugnante" para el criterio de los jueces, "no se declara la inconstitucionalidad".
El rechazo a la demanda
Si bien no trascendió públicamente, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, hizo una presentación hace dos semanas, oponiéndose a la demanda "con el argumento de que los diputados que están accionando, en calidad de habitantes de la provincia, no tienen derecho a hacerlo y que lo mismo sucede con las organizaciones como M'Biguá, el partido radical y el partido GEN", informó a AIM, la diputada Bargagna, una de las accionantes.Según el fiscal, los diputados no pueden cuestionar una ley cuando en realidad participaron de la votación y perdieron en el juego democrático de la cámara. Este punto motivó la objeción de la legisladora socialista, que hizo notar que la Carta Magna no establece "ningún tipo de excepciones" y que el único requisito para presentar una demanda de inconstitucionalidad "es ser habitante de la provincia".
"Inconstitucionalidad Light"
Pero el más llamativo de los argumentos esgrimidos por Rodríguez Signes para defender la Ley cuestionada tiene que ver con un antecedente que se desprende de la causa por la entrega de los terrenos del ex Balneario Los Arenales, de Paraná, cedidos al empresario Sergio Lifschitz para la construcción de un barrio privado. En ese juicio ?recordó Bargagna- "los señores del Superior Tribunal de Justicia armaron una teoría muy novedosa, por la cual puede haber leyes o decretos que contradigan la Constitución, pero que si esa contradicción no es para ellos 'groseramente inconstitucional', no se declara la inconstitucionalidad".
"Es como que se permitiera una inconstitucionalidad light de acuerdo a su criterio subjetivo", interpretó.
La diputada confirmó que desde la Multisectorial se presentaron esta semana para refutar los planteos del gobierno: "Contestamos, rechazamos las excepciones, las pruebas que él presenta y descubrimos que el fiscal tiene criterios que realmente no condicen con el Estado de derecho y la democracia que él tendría que estar defendiendo como funcionario, cuya misión es defender la legalidad y el patrimonio de la provincia".
La polémica por el monto
Otro de los planteos del abogado que fue funcionario de Sergio Montiel, Jorge Busti y Sergio Urribarri, fue que la vía elegida de la inconstitucionalidad no corresponde, asegurando que "el proyecto aprobado en la legislatura no tiene nada que ver con el que elaboró la Dirección de Hidráulica en el marco del Prosap en 2010", según explicó la legisladora que consideró que "los argumentos del fiscal son falaces y escapan a la verdad".Si el STJ le hace lugar a este argumento, le permitiría al Poder Ejecutivo zafar de tener que explicar la diferencia de montos existente porque, según recordó Bargagna, "en 2010 hubo seis obras públicas, entre las cuales están las obras del acueducto La Paz-Las Estacas y la obra de riego de Mandisoví Chico, que se presupuestaron en 350 millones de pesos. Esto es lo que también demuestra la irrazonabilidad del monto autorizado a endeudar para obras que, hace pocos años, estaban presupuestadas en ese precio junto con otras cuatro".
