La evidente utilización de este nefasto instrumento, propio de los años más oscuros de nuestra historia, constituye un hecho de extrema gravedad que las organizaciones defensoras de los derechos humanos no podemos dejar de repudiar. Los abusos policiales, los apremios ilegales, las palizas y la negación de las garantías fundamentales a las personas detenidas merecen la repulsa pública de todos los ciudadanos comprometidos con la vida democrática y el Estado de derecho, continúa el comunicado.
Mariano Maciel y su primo Luis Maciel y la esposa de éste, Sofía Ifran, denunciaron todo tipo de apremios, vejámenes y tormentos luego de haber sido detenidos por efectivos de la comisaría de esa localidad del Departamento Paraná, cuando trasladaban una camioneta robada.
La Justicia ordenó el allanamiento a la comisaría de Villa Urquiza, secuestró distintos elementos entre ellos una picana y detuvo al jefe y al subjefe, Mario Bértoli y Darío Miraglio, además de demorar a cuatro agentes.
Desde la agrupación H.I.J.O.S. Regional Paraná expresaron su solidaridad con las víctimas y repudiaron la reiteración de este tipo de episodios en Entre Ríos, en que el accionar policial se guía por criterios arbitrarios y manifiestamente ilegales.
Hemos denunciado en otras ocasiones la persecución que suelen sufrir jóvenes y personas en situación de pobreza y los hechos de violencia como el que sufrió, sin ir más lejos, hace pocos días un ciudadano de Concepción del Uruguay que fue salvajemente golpeado por filmar un procedimiento policial con su celular, recordaron en relación al caso del hombre que denunció haber sido salvajemente golpeado por siete efectivos policiales.
La legítima demanda de seguridad no habilita a los uniformados a recurrir a conductas divorciadas del debido proceso ni, claro está, a echar mano al trato cruel y hasta inhumano de cualquier sospechoso de un delito o contravención, advirtieron desde H.I.J.O.S. Paraná.
La agrupación de Derechos Humanos exigió a las autoridades políticas y policiales, la instrumentación de medidas urgentes para erradicar estas prácticas nefastas y represivas que se contraponen a las políticas de Estado en materia de derechos humanos implementadas por el gobierno nacional desde 2003 a la fecha. Esas medidas deben adoptarse antes de que tengamos que lamentar víctimas fatales como consecuencia de la violencia institucional, alertaron.
Respaldaron la actuación, con celeridad y sin titubeos, que en este caso ha tenido la Justicia, a través del fiscal Cristian Giunta y la jueza de Garantías Marina Barbagelata, e instaron a avanzar hacia una resolución justa y ejemplar, necesaria para poner freno a los atropellos.
Reforma de la Ley por Contravenciones
H.I.J.O.S. Paraná insistió en la exigencia de la reforma de la Ley 3815 de Contravenciones y la aprobación e implementación del Mecanismo de Prevención de la Tortura en Entre Ríos.
Para erradicar de Entre Ríos la violencia institucional nada de esto resulta suficiente sin una voluntad política firme desde la conducción gubernamental, agrega el documento.
Los que empuñan la picana no son policías al servicio de los ciudadanos, sino que por el contrario: son una vergüenza para la sociedad, una afrenta contra el pueblo y sus derechos conquistados y una ofensa para la democracia. Además, por si fuera poco, desprestigian a la institución que integran y entorpecen el trabajo de quienes cumplen sus tareas con responsabilidad y respeto por la Constitución y las leyes.
La mano que empuña la picana es la mano que se levanta contra el pueblo. La gorra que permite las torturas no se distancia de la gorra que hace casi 40 años ejecutó el genocidio.
