Por ejemplo, unidades de pre-ingreso (destinadas a personas que se encuentran en prisión preventiva en plazos menores de 30 días) en Paraná y Concordia, que son las jurisdicciones con mayor conflictividad penal, además de unidades de pre-egreso, para aquellos penados que se hallan cumpliendo el último tramo de la condena.
La comunicación del STJ al Ejecutivo fue dispuesta por el Alto Cuerpo en el Punto 3º del Acuerdo General Nº 02/15 del 10 de febrero de 2015, celebrado en Concordia, luego de reiterar a Magistrados y Funcionarios del Fuero Penal de la Provincia, que las estancias de los procesados en las Alcaidías o Comisarías se deben limitar a lo estrictamente indispensable para el cumplimiento de los actos procesales, no pudiendo en ningún caso superar los treinta días de alojamiento.
La reiteración de dicha disposición (que ya había sido adoptada por el Alto Cuerpo en el Acuerdo General Nº 24/10, del 8 de agosto de 2010, y recordada a Magistrados y Funcionarios mediante Acuerdo General Nº 1/15 de fecha 05/02/2015) se produjo a partir de los graves hechos ocurridos entre la noche del 31 de enero y la madrugada del 1º de febrero de este año, cuando un hombre que se encontraba alojado en la Alcaidía de Tribunales de Concordia, procesado por homicidio, mató a un policía e hirió a otro, para evadirse del encierro.
En el Acuerdo General del 05/02/2015, el STJ recordó que las personas procesadas deben ser destinadas a las Unidades Penitenciarias correspondientes, teniendo presente la necesidad de los alojamientos en pabellones separados de la población carcelaria general.
Además, en el Acuerdo General Nº 02/15 del 10 de febrero de 2015 celebrado en la ciudad de Concordia, amén de reiterar la inmediata aplicación de la medida mencionada, el Alto Cuerpo resolvió gestionar ante el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Gobierno y Justicia, una serie de medidas para el mejoramiento y adaptación de los establecimientos carcelarios, como así también, retomar de manera urgente las gestiones con el Ministerio de Gobierno y Justicia, la Policía de Entre Ríos y el Servicio Penitenciario, a través de la Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal, a fin de avanzar en la concreción de proyectos de implementación de tecnología aplicada (pulseras, monitoreo) para el control de prisiones domiciliarias y salidas transitorias en la última etapa de la condena.
En su comunicación al Gobernador, la Presidenta del STJ resaltó que la implementación del nuevo sistema de enjuiciamiento penal en toda la Provincia, cuyas ventajas son reconocidas por los operadores de la ley penal, genera entre otras mejoras, el notorio acortamiento de los procesos. Esa variación en los plazos de los juicios trajo como consecuencia el incremento exponencial del número de alojados en las Unidades Penales de Entre Ríos. Como dato ilustrativo, se indicó que al inicio de la primera etapa de implementación del Nuevo Código Procesal Penal la población carcelaria era de 740 internos, incluidas las personas detenidas por delitos federales, en tanto que en la actualidad, con la aplicación del sistema acusatorio en todas las jurisdicciones, los detenidos en las cárceles provinciales son aproximadamente 1.400.
