Política Posiciones encontradas

Incertidumbre en el comienzo del ciclo lectivo

Mientras los gremios docentes ratificaron las medidas de fuerza desde este lunes; la jueza de Trabajo Subrogante, Gladys Pinto resolvió “suspender por 20 días hábiles las medidas de fuerza”. Hay incertidumbre respecto del comienzo escolar.
Los gremios Agmer y AMET confirmaron que recibieron la notificación de la jueza Gladys Pinto, por el cual “se convoca a los sindicatos docentes y al gobierno provincial a Conciliación Obligatoria, estableciendo la suspensión por 20 días hábiles de las medidas dispuestas por ambas partes”. Al respecto, desde la Comisión Directiva Central de AGMER resolvieron “confirmar las acciones dispuestas" y dispusieron que el Congreso sesionará el 2 de marzo en Diamante, desde las 16, en donde se resolverán las medidas a seguir.
El congreso de Agmer que sesionó el 26 de febrero en Urdinarrain aprobó por unanimidad, el rechazo a la propuesta salarial del Gobierno y la realización de cinco días de huelga del 2 al 6 de marzo con una movilización provincial el lunes 2.
En tanto, desde AMET, el Secretario General Hugo De Bueno, confirmó que este lunes “sigue firme la medida de fuerza y la participación en la movilización”. Mañana “también se reunirá la comisión directiva para evaluar la conciliación obligatoria y los pasos a seguir”, confirmó el dirigente.
El Sindicato Argentino de Docentes Privados de Entre Ríos (SADOP) comunicó que “sostiene el plan de lucha” con paro para lunes 2 y martes 3, además de la movilización a partir de las 10, junto a los otros gremios. Destacaron que se mantiene “su declaración de reclamo ante el insuficiente aumento salarial ofrecido por el Gobierno y la excesiva dilación del pago en dos etapas”.

Recordemos que la jueza de Trabajo Subrogante, Gladys Pinto resolvió “suspender por 20 días hábiles las medidas de fuerza (paro y movilización) anunciadas por Agmer y Amet para la semana próxima” y fijó una audiencia entre las partes para el lunes.
"No significa el fin de las paritarias ni la intencionalidad de anular el ejercicio del derecho de huelga reconocido en nuestra Constitución sino que, por el contrario, es una medida necesaria de urgencia en función de la falta inminente de servicio educativo y de restablecimiento de un medio y ámbito de diálogo que permita intentar arribar a un acuerdo en pos de todos los actores del conflicto y de quienes son receptores directos de sus consecuencias", expresa la jueza del Trabajo Gladys Pinto.
"Entendemos que corresponde a las Asociaciones Gremiales y Sindicales ajustar el ejercicio constitucional del derecho de huelga, evitando adoptar medidas que vulneren o restrinjan el derecho a la educación, sobre todo el de niños y adolescentes, con la consecuente incidencia en las familias y la comunidad", aclara la resolución emitida este viernes a última hora.
La Justicia considera la enseñanza no como un servicio público, sino como un servicio social y es en ese marco asume que es "una actividad dirigida al mejoramiento de los individuos, especialmente a aquellos más vulnerables" y menciona la "desigualdad" que se genera entre aquellos alumnos que asisten a establecimientos públicos y aquellos que concurren a escuelas privadas.
"El ejercicio de un derecho no puede ir en desmedro de otro", afirma la jueza. No prohíbe la prosecución de los reclamos del sector docente hasta lograr el esperado consenso, pero pide una "cuidadosa ponderación de los derechos en juego".
"El conflicto se ha generado entre el C.G.E. y las entidades gremiales A.G.M.E.R. y A.M.E.T. ejerciendo éstas últimas su derecho constitucional de huelga, pero los directamente perjudicados son terceros ajenos a dicho conflicto -al menos en lo que refiere a la cuestión salarial- y que no han tenido oportunidad de ser oídos antes de tomar la decisión finalmente adoptada", afirma la jueza.
En el marco de esta conciliación obligatoria, la jueza dispuso una audiencia para el lunes. Elonce.com.
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