ATER, luego de haber realizado el sumario correspondiente y aportado la documental para el avance de las causas judiciales, salió ahora a buscar cobrar los impuestos eludidos y lo hace con el mecanismo de imputar en la cuenta corriente de los contribuyentes que trucaron la compensación el valor histórico, a lo que se debe sumar un interés punitorio de 1,9 % mensual (22,8% anual), más la multa correspondiente a cada tributo, que se sumará a cada año transcurrido desde el momento de cometido el ilícito, por lo que una deuda podría triplicarse.
De acuerdo a lo explicado por Marcelo Casaretto, el nivel de la multa depende el impuesto, y puede llegar hasta el 100% del capital. Se evadía en todo tipo de impuesto, como el inmobiliario o el automotor, pero por ejemplo el impuesto a los Sellos es el que tiene la multa más alta, así como Ingresos Brutos o el Convenio Multilateral, describió, asegurando que hay casos cada uno debió confeccionarse casi de manera artesanal imputando los valores de tiempo e interés si se debía un histórico de un millón de pesos se le imputó en la cuenta una deuda de unos tres millones de pesos.
Según él mismo lo describió, días atrás mantuvo una reunión con los representantes territoriales encabezan cada departamento y les dio la orden de ir por la recuperación del impuesto eludido por las compensaciones truchas a través del siguiente operativo explicado por el funcionario: Nosotros hicimos el sumario administrativo y la denuncia penal en pos de la cobranza de los impuestos. Ahora anulamos las compensaciones truchas y se las cargamos a las cuentas corrientes de los contribuyentes, con el cálculo de intereses y multas. Una vez en la cuenta corriente lo intimamos a pagar a través del jefe de nuestra oficina en su departamento. Si lo hace tiene la facilidad de 12 pagos ya que di la orden de que se lo trate como a cualquier contribuyente, pero al que no responde se lo manda a apremio judicial y deberán imputarse los honorarios profesionales, por lo que cuanto más se demore más deberá pagar. Allí cada juez consiente la pretensión fiscal y, a instancias del procurador, pide intervenir las cuentas o bienes, hasta cobrarse la totalidad de la deuda, como pasó en el caso de Gualeguaychú, expresó Casaretto.
De este modo, en el plazo de un año, a lo sumo, la ATER espera recaudar unos 80 millones de pesos que es el monto en que se transformaron los 45 millones históricos que se encontraron truchados en las tres tandas de empresas que se encontraron: 65 en la primera, 138 en la segunda y 140 en la tercera, donde algunas se repetían en las tres instancias.
De acuerdo con su versión, y a través de la repercusión mediática, fueron muchos los que ya se presentaron a pagar de contado y gran parte pidió el plan de 12 cuotas para cubrir la deuda, la que tranquilamente llegará a unos 70 u 80 millones de pesos, precisó, recordando Casaretto que el decreto de la moratoria reciente excluyó expresamente a este tipo de deudor, por lo cual no puede acogerse a este beneficio.
Nosotros le pedimos a los procuradores que vayan sobre las cuentas bancarias como si fuera una deuda común, y así pasa que quien no pagó durante cinco años se ve obligado a pagar en cinco minutos. En todos los casos vamos a hacer que las empresas paguen voluntariamente o usando los mecanismos coercitivos que tenemos, sentenció.
¿Están abriendo un negocio fabuloso para los abogados, como pasó en anteriores gestiones?.
Eso no es así aseveró. Tenemos 130 procuradores que vienen de añares y fueron nombrados por Sergio Montiel, Mario Moine, Jorge Busti, Sergio Urribarri, no son de ahora. Hace un año y medio cambiamos el sistema y tenemos regulado su accionar, y ahora tenemos un sistema de pago indirecto. El contribuyente le paga a la ATER y yo le pago el honorario de acuerdo a la tarea que realiza cada abogado. Si lo único que hizo fue el escrito no cobrará más de 500 pesos, y así va creciendo de acuerdo a la función que cumpla en el proceso. Conocemos lo que pasó antes y quisimos modificarlo. Hoy el contribuyente no tiene que pisar ningún estudio de abogados, y le cobra un funcionario público. Antes cobraban el 10% de comisión, y no se hacía el plan de pagos si el abogado no lo autorizaba. Hoy lo queremos lo más lejos posible del negocio. (El Diario)
