En febrero ciudadanos recurrieron a la Defensoría del Pueblo contra la Ley Reforma Tributaria y aguardaban una recomendación sobre cómo accionar ante los aumentos impositivos implementados por la provincia, ya que el organismo se había declarado incompetente para accionar directamente, pero iba a realizar una sugerencia. En ese marco, los funcionarios locales dialogaron con autoridades de la Administración Tributaria de Entre Ríos (Ater) y notificaron a los damnificados que como el impuestazo fue establecido por Ley sería incuestionable, apuntaron a AIM desde la oficina. Sin embargo, aclararon que en tres casos se logró corregir liquidaciones que habían sido mal realizadas.
Recordemos que los aumentos en los impuestos inmobiliarios urbanos y rurales, automotores, en actividades productivas y de ocio, a servicios públicos y al acceso a la justicia, habían sido establecidos a través de la ley 10270 de Reforma Tributaria sancionada en diciembre pasado y con vigencia a partir del 1º de enero por el término de dos años.
Coparticipación
Desde la Defensoría aclararon que aún queda un pedido por resolver, que es el que presentaron dos ediles de la capital que exigen que lo recaudado sea coparticipado a los municipios.
Al respecto, desde el área precisaron que se solicitó al Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Abogados una opinión sobre la coparticipación de lo recaudado producto de la nueva Ley a los municipios, por lo que aguardan ese documento para establecer la postura de la oficina.
