La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dio la razón y mandó a capacitar a los jueces entrerrianos. Además, condenó al Estado nacional a indemnizarlo en US$ 200.000 por haber negado a Leonardo y a su hija Milagros el derecho al vínculo familiar y a la identidad.
El 3 de julio de 2000, Fornerón se enteró de que 17 días antes había sido papá de una beba. Diana Enríquez, una ex novia, la había tenido en una clínica privada cerca de Rosario del Tala, donde ambos vivían, y la había entregado en un trámite ultrarrápido a un matrimonio de Buenos Aires, en guarda provisoria.
La familia se apropió de mi hija. Desde el primer momento les dije que yo me hacía cargo y ellos se negaron, recuerda.
Fornerón se presentó ante la Defensoría de Pobres y Menores de su ciudad para reconocer a Milagros, pero Diana negó que él fuera el padre. Y comenzó el peregrinaje: por el Juzgado de Instrucción de Tala, Juzgado Civil y Comercial de Victoria, Cámara del Crimen de Gualeguay, Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Corte Suprema, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte del mismo nombre.
En cada instancia reclamó lo mismo: su paternidad y que le entreguen a su hija. Había indicios de compra de bebé. Lo denuncié, pero el Juez archivó la denuncia, dice. Al igual que con el resto de los expedientes: uno tras otro, los jueces le negaron sus derechos argumentando que el tiempo había pasado y el interés superior de la niña hacía que fuera mejor no restituirla a su padre, en función del vínculo creado con el matrimonio guardador.
En diciembre de 2005 y pese al análisis positivo de ADN, la Justicia concedió la adopción simple al matrimonio porteño.
El daño que me causaron estos jueces , dice Leonardo, y se corta. Hasta hoy, vio a su hija sólo dos veces. La primera, 45 minutos, cuando ella tenía 5 años, bajo condición de que no se le dijera que era su padre. Luego, en 2011, 15 minutos en una audiencia. En la mesa de luz de Leonardo hay un portarretrato con la fotocopia de una página de expediente donde se ve el rostro de su hija.
Lo representó en cada instancia el abogado Gustavo Baridón, sin cobrarle. Luego, el Centro de Estudios Sociales y Políticos para el Desarrollo Humano lo llevó a la CIDH, también sin percibir honorarios. Ahora, la Corte Interamericana condenó al Estado argentino por la violación de los derechos de Leonardo y su hija. Le ordenó establecer de inmediato la efectiva vinculación entre ambos e indemnizarlos; que evalúe la conducta de los funcionarios judiciales que intervinieron en el caso y aplique las sanciones. Que capacite a los magistrados entrerrianos sobre derechos de la infancia, y que legisle sobre compraventa de niños, publica Clarín.
Leonardo tiene hoy 38 años. Es cocinero en un instituto policial. Está en pareja y tiene una beba de 6 meses. No sabe si su hija querrá vivir con él: dice que la dejará elegir. Aún no la he visto. El Centro de Estudios Sociales puso a mi disposición psicólogos para ayudarme. Tengo que respetar los tiempos de mi hija sostiene. Sólo quiero la oportunidad de ganarme su cariño. Y que ella sepa que nunca renuncié.
