Todo nació por una causa tramitada en un tribunal de la Capital Federal, donde se investigan las ramificaciones que tendría un grupo de personas sospechadas de intercambiar y consumir pornografía protagonizada por chicos y chicas menores de edad a través de Internet.
Es por ello que desde dicho juzgado capitalino se remitió un exhorto, trámite por el cual un juez -o un tribunal- se dirige hacia otro juez de su misma jerarquía para que ejecute un acto procesal necesario para el litigio, como en este caso un allanamiento al domicilio sospechado de integrar la mencionada red.
En el domicilio de calle Victorino Simón -a pocos metros de Salto Uruguayo- funcionarios judiciales y policiales procedieron a secuestrar computadoras y otros soportes informáticos, los cuales podrían ser instrumentos utilizados para violar el artículo 128 del Código Penal, el cual fue modificado en el año 2008 para incorporar penalidades a las prácticas en la web en perjuicio de los niños.
Por ese motivo la nueva legislación establece prisión de hasta 4 años al que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales.
Como así también se señala que será reprimido con prisión de 6 (seis) meses a 4 (cuatro) años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de 18 (dieciocho) años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores.
El procedimiento se realizó bajo el más absoluto hermetismo y únicamente trascendió que la persona implicada sería un joven de 29 años, hijo de la familia propietaria de la vivienda, informa Diario Río Uruguay.
