El hecho ocurrió un caluroso 3 de enero de 2013, en una obra en construcción a pocas cuadras del centro de vida sana, en la localidad de Villa Libertador San Martín, a unos 30 kilómetros de Paraná.
Hasta allí llegaron tres inspectores del Ministerio de Trabajo de la Nación para controlar las condiciones de seguridad e higiene en el lugar, con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral, y constatar que no hubiera obreros no registrados o en condiciones de informalidad. Era una inspección más. En el lugar los recibió el encargado, pero les impidió el ingreso. No hubo forma de persuadirlo, el hombre mantuvo su postura incluso ante la mención de los delegados oficiales de que solicitarían la presencia de efectivos policiales; y la situación fue tornándose cada vez más tensa, hubo insultos, empujones y el jefe de los obreros le asestó un tremendo golpe en el rostro al inspector, que terminó tendido en el piso, inconsciente.
El inspector de la cartera laboral tuvo una recuperación de cinco meses, durante los cuales no pudo volver a trabajar por las lesiones que padeció.
El encargado, en tanto, terminó denunciado ante la justicia por los delitos de atentado contra la autoridad y lesiones graves. Fue indagado, procesado y el auto de procesamiento fue confirmado. Ahora, podría ser juzgado y, en caso de ser condenado, le cabría una pena de hasta seis años de cárcel.
Como se dijo, el encargado está acusado por los delitos de atentado a la autoridad agravado por haber golpeado a un agente estatal y lesiones graves agravado porque la víctima estuvo impedida de trabajar por más de un mes.
A criterio del juez, el jefe de los obreros tuvo esa conducta, presumiblemente, para cubrir a su patrón y ocultar las condiciones laborales del resto de los trabajadores de la obra que ejecutaban en calle Rivadavia, entre Pasteur y Bernardo Houssay, de Villa Libertador San Martín.
El letrado también solicitó el sobreseimiento argumentando que la acusación se sostiene en pruebas endebles y que la valoración que hizo el juez era inadecuada porque no tuvo en cuenta los dichos de los testigos aportados por la defensa. Del mismo modo, pidió que se declare la prescripción de la acción penal por el paso del tiempo, por el tiempo transcurrido hasta que el acusado fue indagado.
El otro planteo defensista fue por una violación de la garantía que impide que una persona sea juzgada dos veces por un mismo hecho porque, según dice, se le imputaron al encargado dos tipos penales por una misma conducta, esto es, atentado contra la autoridad y lesiones.
Todos los planteos, sin embargo, fueron rechazados por los fiscales, por el juez de primera instancia y también por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, por lo que la situación del encargado de la obra en construcción se encamina a ser resuelta en juicio oral.
El encargado de la obra en construcción está acusado por los delitos de atentado a la autoridad agravado por haber golpeado a un agente estatal y lesiones graves agravado porque la víctima estuvo impedida de trabajar por más de un mes. El Código Penal de la Nación prevé penas de un mes a seis años de prisión por esos delitos.
