El fin de semana se cumplieron los 30 días de prisión preventiva que el juez de Garantías Mario Figueroa le había impuesto a Ramón De La Cruz Ortiz por el homicidio triplemente calificado de Susana Villarruel, su pareja durante muchos años y con quien tenía un hijo en común.
Como la Investigación Penal Preparatoria (IPP) no finalizó, el fiscal Martín Gil requirió otros 30 días para culminar con su trabajo, pero esta vez el magistrado achicó los números y le concedió dos semanas más. Esto no quiere decir que finalizado ese tiempo el imputado pueda recuperar la libertad; es muy posible que sea nuevamente prorrogada su estadía en la Jefatura de Policía. La decisión del magistrado se entiende como una forma de acelerar los plazos de la IPP para elevar la causa a juicio.
Esto recién podría plasmarse a fines de agosto, porque si bien no se obtuvieron elementos para realizar una prueba comparativa de ADN entre la víctima y el imputado ? lo que habría demorado al menos 6 meses la investigación ? la Fiscalía entiende que cuenta con abundante pruebas indiciarias y objetivas para llevar a Ortiz a juicio, pero aún espera por otras y esto ha prolongado la investigación.
Estaría prácticamente confirmado en su totalidad que uno de los tres teléfonos celulares que fueron secuestrados en la casa del hermano de Susana Villarruel, que compartía momentáneamente con Ortiz tras la separación de ambos, era el que la víctima utilizó hasta último momento. Se cree que la tenencia de este aparato en manos de Ortiz obedecía a que posiblemente iba a intentar desviar la investigación si el cuerpo no aparecía.
Por otro lado se espera el informe del Banco Nación sobre la tarjeta de cobro de la Asignación Universal por Hijo que el hermano de Susana encontró en su casa tras la detención de Ortiz y entregó a la Justicia. Será rápido determinar si estaba vigente y cuándo fue la última vez que se utilizó. El imputado deberá responder el motivo por el cual se encontraba en su poder.
Una de las novedades que surgió esta semana, además de la prórroga de la preventiva, fue el traslado de Ortiz a Fiscalía a declarar por otra causa en la que está imputado por "robo doblemente calificado por utilizar un arma impropia (hierro) y por las lesiones graves que sufrió la víctima. Esa víctima no es otra persona que su propia madre, que tras la muerte de Villarruel se animó a denunciarlo por un hecho que ocurrió en enero y que hasta ese momento estaba sin esclarecer.
El caso sucedió el 18 de enero por la noche en un domicilio de avenida Del Valle y Montevideo. Beatriz Espíndola había recibido la visita de su hijo, que llegó a la casa acompañado de otro hombre. Anteriormente le había solicitado dinero a la mujer, pero ella se negó a darle y esta vez vino por todo.
Hacía mucho calor esa tarde y cuando la mujer fue hasta la heladera para servirles un refresco, Ortiz sacó un fierro que traía escondido en un bolso y la golpeó severamente en la cabeza, provocándole hundimiento de cráneo.
Lo extraño de todo este caso fue que la víctima fue hallada por su pareja con una almohada en la cabeza y un ventilador que la refrescaba. Ella nunca se animó a denunciarlo, pese haber permanecido una semana en coma farmacológico, pero tras el crimen de su nuera contó todo al fiscal.
Esta semana fue llamado a declarar como imputado por este caso, pero Ortiz no declaró. Y si bien la imputación de homicidio triplemente calificado por alevosía, vínculo y femicidio lo obligaría a recibir una condena de prisión perpetua, la imputación por las lesiones graves contra su madre tienen una pena de prisión que van desde los 5 hasta los 15 años.
Las pericias psicológicas y psiquiátricas ya culminaron y se espera el informe de las profesionales que las realizaron. Una vez que se obtenga esto y arriben el resto de los pedidos que hizo el fiscal, posiblemente a fines de agosto se realice la audiencia de elevación a juicio. (El Día)
