Para los fiscales Mario Silva y Carlos García Escalada, existen motivos suficientes para sospechar que Céparo ha participado en la comisión de esos delitos. Sin embargo, el juez Leandro Ríos rechazó la petición respecto de dos hechos y citó a las otras tres víctimas para que cuenten su historia, previo a resolver.
La decisión fue validada por la Cámara Federal de Apelaciones: "La decisión del magistrado no conlleva la cancelación de la investigación ni impide al órgano acusador el ejercicio o prosecución de la acción penal cuya titularidad detenta, ni la proposición de nuevas medidas probatorias que eventualmente pudieran modificar el criterio del juzgador", contestó el tribunal ante la queja de los fiscales.
Céparo, de 68 años, es suegro del vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Emilio Castrillón; en 1976 era oficial ayudante de la Policía de Entre Ríos y cumplía funciones en la División Despacho de la Jefatura Departamental de Paraná.
En octubre del año pasado, fue condenado a 11 años de prisión por la privación ilegítima de la libertad, cometida con abuso de sus funciones, sin las formalidades previstas por la ley y agravado por la utilización de violencia; y por la aplicación de tormentos contra una mujer, agravado por la condición de perseguido político de la víctima. Es el primer policía provincial condenado por su rol durante la dictadura.
María Cristina Lucca, Marta Brasseur y Graciela López fueron ilegalmente detenidas el 11 de noviembre de 1976, en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, en operativos realizados a plena luz del día por grupos de civiles armados.
Las tres fueron trasladadas, vendadas e inmovilizadas, al centro clandestino de detención "La Escuelita", en el batallón militar de Neuquén, donde fueron interrogadas bajo tortura, y luego trasladadas a Paraná, primero a la denominada "casa del director", en la cárcel de varones. Recién el 3 de diciembre su detención quedó asentada en los registros, cuando ingresaron a la Unidad Penal Número 6.
Las tres mujeres fueron sometidas, junto a otros detenidos políticos, a un consejo de guerra en el que las acusaban por su participación en la muerte del general Jorge Esteban Cáceres Monié y a mediados de enero de 1977 un tribunal militar les impuso largas penas de cárcel en una parodia de juicio.
El año pasado, en el juicio en el que Céparo terminó condenado, Lucca y Brasseur lo reconocieron como uno de los policías que les hizo firmar una declaración autoincriminatoria que sirvió de base para esa condena. El dato, además, consta en documentos del Servicio Penitenciario que revelan que Céparo y Carlos Horacio Zapata, ambos policías provinciales, pretendieron sacarlas de la unidad penal. "Nos hicieron firmar algo que no pudimos leer; y tampoco podíamos rehusarnos", dijo Lucca. "Supongo que el contenido de esa declaración fue el basamento de la condena del consejo de guerra", acotó Brasseur.
Ante el pedido de los fiscales, el juez Ríos citó a Lucca, Brasseur y López para que amplíen el testimonio que dieron en el juicio y luego, en función de ello, resolver si convoca al ex policía a prestar declaración indagatoria.
Secuestro relacionado
El 23 de septiembre de 1976, Céparo, y otros tres policías que no han sido identificados, secuestró a una mujer en el Sanatorio La Entrerriana, donde ella trabajaba como enfermera, y la trasladó en un automóvil Ford Falcon no identificable, primero a la Jefatura Central y luego a la Comisaría Quinta.
La mujer permaneció seis días en la sede policial, hasta que Céparo se presentó nuevamente y pidió para trasladarla otra vez a la jefatura, donde fue sometida a interrogatorios bajo torturas con picana eléctrica en todo el cuerpo, principalmente en los senos y en la vagina. En esa ocasión, estando acostada sobre una colchoneta, reconoció a Céparo como una de las personas que la torturaban.
Según dijo, al tercer día, Céparo fue a buscarla para trasladarla otra vez a la jefatura, supuestamente para hacer una declaración.
Aquella "declaración" en la jefatura, sin embargo, se interrumpió abruptamente. Céparo le dijo que habían recibido "una llamada" y que tenían que irse, contó la mujer. "Se fueron un montón y volvieron con mucha gente, todos a la jefatura, y los pusieron contra la pared. Eran Tissera y los Fernández. Y yo me pasé todo ese tiempo sentada en un banquito, contra la pared, en la jefatura", relató.
Los primos Oscar Eduardo Tissera y Arturo Fernández tenían 19 años cuando fueron ilegalmente detenidos, el 26 de septiembre, en la casa de sus abuelos, en calle Churruarín. Acababan de enterrar unos libros sobre la Revolución Cubana, discursos del Che Guevara, de Fidel Castro y la historia del comunismo que el primero había heredado de su abuelo, militante del Partido Comunista.
Un grupo de tareas de entre quince y veinte policías los sorprendió cuando estaban bañándose, uno en el baño y el otro en un patio interno de la casa; los encañonaron, los interrogaron a punta de pistola ("decí dónde están las armas o te mato ahora mismo", recordó Tissera que lo amenazó un policía) y terminaron llevándoselos casi desnudos ("no me dejaron ni vestirme", contó Fernández).
Simultáneamente, otra patota secuestró a la madre y a la hermana de Fernández, y todos terminaron en la Jefatura Central de Policía, como lo contó la enfermera, aunque antes los pasearon por distintas comisarías.
"Me torturaron con picana eléctrica en los genitales y me tiraban agua para que fluyera mejor la corriente por todo el cuerpo; en el interrogatorio me preguntaban por los nombres de una libretita que yo había tirado cuando me llevaron", contó Tissera ante el tribunal oral. El mismo horror vivió Fernández: "Me pasaron la picana por la boca, los genitales y hasta la punta del pie; era como si no podía respirar y encima me metieron una almohada en la cara que me sacaba el aire. Estaba acostado en una cama y pensé que me iba".
Ninguno reconoció a los integrantes de la patota, pero del relato surge una evidente vinculación entre el secuestro de Tissera y los Fernández y los dichos de la enfermera sobre por qué Céparo salió raudo cuando la estaba interrogando.
El derrotero de los primos los llevó luego a la cárcel de Paraná, luego fueron trasladados a la unidad penal de Gualeguaychú y de allí en avión hasta Coronda, donde permanecieron hasta el 23 de diciembre de 1976. Se fueron juntos, aunque antes tuvieron una "entrevista" con el represor Juan Carlos Trimarco, quien les hizo una especie de arenga y los despidió diciéndoles: "Dejen de hacer pozos". (El Diario)
