Ya les llegaron las citaciones a seis de los diez acusados: el traumatólogo Ignacio Uranga, presidente de la entidad durante dos mandatos; su hermano menor Justo Uranga, también traumatólogo, que ocupó el mismo cargo hasta 2016; otro ex presidente, Raúl Rodríguez; el otorrinolaringólogo Carlos Otaño; y el ginecólogo Alejandro Karavokiris, también conocido por su labor como escritor y por organizar actividades culturales, fueron citados a prestar declaración indagatoria por los fiscales Gervasio Labriola y Matilde Federik, que llevan adelante la investigación penal preparatoria (IPP) tras la denuncia de la actual conducción del Círculo Médico.
Entre este viernes y lunes y martes de la semana que viene se prevé la comparecencia de los cinco médicos, más el contador de la entidad, Lucio Figueroa. En las próximas semanas será el turno de los cuatro acusados restantes -Alberto Villanova, Ubaldo Ibarzábal, Raúl Hetze y Carlos Berlo- y crece la posibilidad de que sean imputados cuatro empresarios ligados a las constructoras del polémico proyecto del Barrio Médico II.
En el texto de la modificación de apertura de la causa, donde Federik y Labriola disponen las declaraciones de la primera tanda de imputados, también precisan los hechos que son objeto de la investigación.
Allí reseñan que "en el período comprendido entre el 12 de marzo de 2011 y el 29 de abril de 2016" los profesionales imputados "violaron los deberes inherentes a los cargos que ostentaban y quebrantaron el deber positivo de cuidado del patrimonio ajeno, perjudicando así los intereses confiados".
La referencia es a la conformación de un fideicomiso para la construcción de un barrio de viviendas para cuya edificación se contrató a la empresa Constructora del Norte SRL, que quebró y originó una serie de reclamos y deudas -tras lo cual se contrató a una firma vinculada, Smart SRL- que fueron cubiertas en forma fraudulenta con el patrimonio de la institución, publica Análisis.
Ahora los fiscales advierten que los imputados actuaron "en connivencia y de común acuerdo con el fin de procurar un lucro indebido para sí y para los miembros de las empresas constructoras". Se trata de cuatro empresarios del sector que podrían también ser imputados en la causa.
"Para lograr tal cometido, realizaron distintos actos y negocios jurídicos excediendo las facultades conferidas, los cuales determinaron un aumento considerable y desproporcionado del pasivo del Círculo Médico de Paraná, todo lo cual afectó severamente las arcas de la institución", exponen los fiscales, antes de describir maniobras de los imputados tales como la omisión de la publicación de las convocatorias a asambleas para asegurar escasa participación y así obtener mayorías necesarias para sus decisiones.
"Simultáneamente, perseguían evitar que se tuviera acceso a la información relativa al estado financiero y patrimonial de la institución", marcaron Labriola y Federik, que llevan a buen ritmo la IPP originada tras la denuncia de la actual conducción del Círculo Médico, cuyo presidente es Alfredo Angarola, que fue radicada en enero con el patrocinio de los abogados Rosario Romero y Santiago Halle.
Luego, se refirieron a la compra del terreno en el cual se emplazó el barrio, el 19 de agosto de 2011, sin autorización de la asamblea ni tramitando debidamente los certificados ante el Registro de la Propiedad Inmueble. Se trata de un predio de 36.000 metros cuadrados ubicado en la zona del acceso norte a la ciudad, que se pagó 433 mil dólares y estaba en litigio con el Club Hípico de Paraná. Ante ello, hubo que abonar otros 320 mil pesos, más honorarios de abogados. "Para hacer frente al pago del precio pactado, utilizaron fondos provenientes de la Caja de Ayuda Solidaria, los que tenían por estatuto un destino diferente", objetaron los fiscales.
Más adelante, los funcionarios judiciales describieron cómo se fueron desviando fondos de distintas cuentas del Círculo Médico para cubrir las deudas del fideicomiso y después reseñaron los préstamos contraídos tanto por dentro como por fuera del circuito bancario. "En el período comprendido entre el 14 de abril de 2014 y el 29 de abril de 2016 suscribieron contratos de mutuos con diferentes entidades y personas, cuyas condiciones crediticias resultaban altamente desfavorables para el patrimonio de la entidad en razón de los altos intereses que se debían abonar", advirtieron.
Luego, sumaron los montos que se debieron pagar en concepto de distintos tipos de indemnización a numerosos fiduciantes en razón de las demoras y los problemas ocasionados para el acceso a sus casas y se refirieron especialmente a un crédito contraído con garantía hipotecaria con el Nuevo Banco de Entre Ríos por 4 millones de pesos. "Para ello, y luego de frustrados intentos de hacer insertar manualmente a las empleadas secretarias de presidencia del Círculo Médico de Paraná en los márgenes del libro de actas una autorización concreta y precisa para suscribir el mutuo hipotecario que habían negociado con el banco, utilizaron una transcripción mecanografiada cuyo contenido no se correspondía con el original registrado en el libro de actas de la institución, con la sola firma de Justo Uranga y Alejandro Karavokiris certificada notarialmente", señalaron.
La mayoría de esas acreencias fueron verificadas por la titular del Juzgado Civil y Comercial Número 9 de Paraná, María Gabriela Tepsich, donde se tramita el concurso preventivo del Círculo Médico de Paraná. A horas de dejar el puesto en el cual la suplantó el viernes el abogado Ángel Moia, que accedió por concurso, la magistrada emitió las resoluciones verificatorias de 407 deudas presentadas y excluyó a 350 profesionales afiliados que reclamaban unos 3,5 millones de pesos en concepto de honorarios, pero sí admitió acreencias reclamadas por prestamistas y mutuales. La conducción de la entidad pidió la nulidad de la resolución dado que entienden que no se puede dictar sentencia civil sobre cuestiones sobre las que existe una causa penal pendiente.
