A los tres se les atribuyó haber ingresado el 25 de mayo de 2016, alrededor de las 19.20, al galpón que Horario Leonel Restano posee a un kilómetro del ingreso a Villa Urquiza, en la ruta provincial Nº 9, en el kilómetro 8 y ½, en zona despoblada, donde se apoderaron ilegítimamente de una camioneta Ford F 100.
Al momento de la aprehensión por parte de personal de las comisarías de La Picada, Colonia Celina y Villa Urquiza, Mariano Maciel conducía la camioneta que era tirada por otra camioneta Izusu, en la que iban su hermano y la esposa. Fueron detenidos en un camino vecinal de la ruta nacional Nº 12, a un kilómetro de La Picada, aquel día a las 19.50.
La causa cobró relevancia porque parte de los efectivos que participaron de la detención y algunos que estaban en la comisaría de Villa Urquiza aquel 25 de mayo fueron procesados por el supuesto delito de Apremios ilegales y Vejaciones.
La causa que se sustanció contra los efectivos fue posible porque en la audiencia de formulación de cargos que se realizó el 27 de mayo de 2016 contra los Maciel e Ifran, se conoció que sufrieron los apremios y vejámenes.
Por estos hechos fueron condenados con penas de prisión condicional los efectivos Gustavo Collaud, María Cecilia Depardón y Raúl Taborda, quienes, según revelaron fuentes judiciales, siguen prestando servicio en la fuerza desempeñando tareas administrativas.
Los efectivos resolvieron su situación procesal el 9 de agosto de 2016, cuando el Juez de Garantías Nº 3 Humberto Franchi decidió homologar el acta acuerdo de juicio abreviado celebrado entre la fiscal Patricia Yedro y Marcos Rodríguez Allende, defensor de los imputados Collaud, Depardón y Taborda.
El fiscal Giunta argumentó que "los imputados al relatar las condiciones de aprehensión, detención y traslado, describieron una serie de sufrimientos padecidos durante esa etapa; ello dio inicio a una investigación que concluyó en un juicio abreviado, donde tres de los funcionario policiales que intervinieron en el procedimiento de aprehensión por el hecho aquí investigado, fueron condenados por Apremios ilegales".
El fiscal Giunta entendió que "en este contexto se habla de 'oportunidad' como la posibilidad de que los órganos públicos a quienes se les encomienda la persecución penal, prescindan de ella, en presencia de la noticia de un hecho punible, o inclusive, frente a la prueba más o menos completa de su perpetración, formal o informalmente, por motivos de utilidad social o razones políticos criminales, destacando que no se encuentra comprometido el orden público, entendiendo que corresponde interesar el sobreseimiento de los imputados por el delito de Robo agravado en grado de tentativa".
