Pedida por la defensa
"La ampliación de indagatoria fue porque nosotros lo pedimos, y se ordenó porque el Ministerio Público Fiscal quería reformular algunas preguntas. Canosa dijo lo que quería, los fiscales hicieron unas preguntas que él contestó; Canosa responde todo", resaltó Barrandeguy en diálogo con Análisis al ser consultado sobre las preguntas de los fiscales.Por otra parte, el abogado insistió con diferenciar la doble imputación: presuntas negociaciones incompatibles y enriquecimiento ilícito. Ambas acusaciones se dividieron en dos legajos.
Habló de su patrimonio
En la vereda de la Unidad Fiscal, ubicada sobre calle Santa Fe, el abogado defensor de Canosa se refirió a la estrategia defensiva del actual asesor de la Cámara de Diputados de la provincia, Barrandeguy señaló que "la línea de defensa la marcó la primera declaración de Canosa, donde él contó cuál es su patrimonio, los recursos que tuvo y los gastos; y con respecto a otra parte de la imputación dijo que cumplió con todas las obligaciones que le impuso el Estatuto y las leyes", señaló el abogado defensor y acotó: "Hoy lo que fue interesante es que se hicieran preguntas sobre lo que encontraron en los allanamientos, pero no hubo ninguna consulta en torno de eso".
Renuncia de Montefiori
Asimismo, este medio le consultó al defensor sobre la renuncia de la esposa de Canosa, Paula Montefiori, a su cargo de defensora del Poder Judicial entrerriano: "Lo lamento profundamente porque es una funcionaria decente, estudiosa, capaz, es muy preparada, dedicada y además es mamá de dos nenas. Lo lamento mucho, pero ella ya me contará por qué", finalizó.Además, sostuvo "lo nuestro es un trabajo judicial, no nos hacemos cargo de otras cosas que puedan ocurrir en el mundo", acotó el letrado.
Causa
La causa se inició por una presentación del senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos-Paraná), y luego fue ampliada por una presentación de todo el bloque. Sobre Canosa pesa otra imputación por enriquecimiento ilícito que tramita en un legajo separado.Ese expediente judicial además de Juan José Canosa, involucra a su hermano Carlos; a la esposa de éste, Alicia Cuestas; a su hermana, María José Cuestas; a la madre de ambas, Mirtha Gueler; y al esposo de María José Cuestas, Diego Urba. Todos están imputados como partícipes necesarios por ser titulares de empresas a las que Sidecreer, bajo la conducción de Canosa, les compró equipamiento informático, uniformes y otros productos.
Allanamientos
Sobre los cuatro allanamientos que se concretaron este jueves, en el marco de la causa, autorizados por la jueza de Garantías Paola Firpo, y en los cuales se secuestró "elementos informáticos y un arma de fuego", el abogado defensor de Canosa indicó que aún no estudió el argumento de las peticiones fiscales consentidas por la magistrada. "Supongo que habrá estado bien fundamentado, porque hablamos con la doctora Firpo y nos dijo que estaba fundado. Ellos tienen esas atribuciones, mientras haya respeto estará bien", opinó.Los allanamientos se llevaron a cabo este jueves en Red Mutual, ubicada en calle España entre Italia y Córdoba, y en los locales de otras tres mutuales de la ciudad: Mutual Modelo, en calle Urquiza; Mutual Comunitaria Solidaridad, en calle Libertad; y Mutual del Club Atlético Pilar, en calle Santa Fe.
"Al ser reticentes los responsables a dar la información, fueron autorizados el allanamiento y la requisa solicitadas por los fiscales", explicó a LT14 la jueza de Garantías que aprobó las medidas.
"Una organización para vaciar a Sidecreer"
El senador Raymundo Kisser (Cambiemos) valoró el avance de la causa por negocios incompatibles y presunto enriquecimiento ilícito del ex presidente de Sidecreer, Juan José Canosa, y afirmó que ello "denota que cuando las cosas se plantean con seriedad y hay jueces y fiscales con vocación de hacer justicia se actúa de esta manera, lo cual habla muy bien de un sector de la Justicia, de que no toda está corrompida y mirando para otro lado".Respecto de la situación de la empresa, sostuvo que "evidentemente se montó una organización para llegar al vaciamiento y poder entregarla" al empresario Walter Grenón, señaló a Análisis.
También alertó que posee información sobre la intención de trasladar Sidecreer "desde el edificio del Instituto del Seguro a un sucucho donde se va a perder mucha información" por lo cual solicitó una audiencia con el gobernador. "Hay una intención deliberada de destruir lo que funciona bien dentro el Estado", advirtió.
