La medida, que fue dispuesta a través del decreto 139/17 del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por recomendación del ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, "preserva el principio de inocencia de Potocar y se adopta hasta tanto se resuelva su situación procesal" en una causa que tramita el juez de instrucción Ricardo Farías, indicó un comunicado de prensa difundido esta noche.
Mientras tanto, la conducción de la Policía de la Ciudad continuará bajo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad, a cargo de Marcelo D'Alessandro.
El parte de prensa indicó: "La suspensión de Potocar se producirá hasta tanto se clarifique y resuelva su situación procesal, con el objetivo de preservar el principio de ética y transparencia en el ejercicio de la función pública en la órbita de la Ciudad y garantizar el correcto desarrollo de las investigaciones judiciales".
Previamente, Ocampo solicitó la intervención de la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad, que recomendó la suspensión de Potocar para preservar la investigación judicial y la normal prestación del servicio de seguridad.
En los considerandos del decreto, se menciona que "el eventual involucramiento de Potocar en una causa de las características citadas le impondrá la necesidad de dedicar tiempo y energía al ejercicio de su derecho a defensa, con el consiguiente perjuicio que esto puede acarrear a la crítica tarea que le ha sido encomendada como Jefe de la Policía de la Ciudad".
La investigación a cargo de Farías, en la que interviene el fiscal José María Campagnoli, ya tiene a comisarios y a otros oficiales de menor rango procesados con prisión preventiva ante la presunción de que, desde la comisaría 35ta., solicitaban coimas a comerciantes y a cuidacoches a cambio de "protección".
Para el magistrado, todos los policías "organizaron una asociación que funcionaba paralelamente a la estructura de la seccional 35ta., con jurisdicción en los barrios de Núñez y Saavedra, para llevar adelante una pluralidad de planes delictivos con el objeto de percibir dinero indebidamente", según describió en uno de los procesamientos.
Entre las pruebas principales contra los uniformados, se encuentra documentación secuestrada en varios comercios de la zona como comprobantes de aportes a la "Asociación Amigos de la Comisaría 35", que habría sido una de las formas de canalizar las coimas, y lo que se trata de determinar es si Potocar, desde la Dirección General de Comisarías, fue beneficiado con las maniobras, dijeron fuentes judiciales.
Según esos documentos, los pagos que hacían los comerciantes iban desde los 2.300 a los 3.000 pesos y los "trapitos", para poder trabajar sin problemas, debían darle a la brigada de la comisaría entre 400 y 500 pesos por semana.
En esta causa, el 12 de abril último, el juez procesó y embargó por 350.000 pesos a la comisaria inspectora Susana Aveni como "jefa u organizadora" de la asociación ilícita y al subcomisario Marcelo Stefanetti como miembro.
