En el análisis de toda la prueba, la Fiscalía a cargo de Juan Francisco Ramírez Montrull consideró que uno de los objetivos de la organización era el narcotráfico. Por esto, el juez de Transición N° 2 Pablo Nicolás Zoff remitió el expediente al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, para que se los acuse por la comercialización de droga en la capital provincial.
Este criterio había sido planteado por los defensores Matías Argüello de la Vega y Hugo Gemelli al inicio de la causa. También pidieron la nulidad de las escuchas telefónicas, pero el entonces juez de Instrucción Ricardo Bonazzola decidió esperar y profundizar la pesquisa. Ahora, les dieron la razón y la Justicia provincial se declaró incompetente. De este modo, en caso de que Ríos acepte abrir la causa federal, por primera vez el nombre de Barrientos se vinculará al narcotráfico en una causa judicial, ya que hasta ahora siempre había sido por comentarios extraoficiales. Y comenzará una nueva contienda donde los defensores atacarán la falta de pruebas, publica Diario Uno.
Según la investigación, Barrientos, desde la cárcel, impartía órdenes por celular para distintas acciones delictivas. Para ello, contaba en el exterior de la Unidad Penal con la colaboración de sus personas de mayor confianza, como su esposa Verónica Martínez, su hermano Rubén, su mano derecha Hugo Ceola y Ramón Abasto, entre otros.
En la causa la Fiscalía determinó los roles que habrían cumplido cada uno, como el organizador, los colaboradores, los soldaditos, etc. Los hechos cometidos en este marco serían ataques a balazos a viviendas o personas enemistadas con la banda, amenazas a deudores y hasta aprietes a testigos que debían declarar en causas judiciales en los que estaban vinculados.
Además, se evidenció el negociado de las ventas de entradas para los partidos de Patronato y también se dialogaba de presuntas operaciones de narcotráfico.
Ante la sospecha de esta última actividad delictiva mencionada, la Fiscalía se basó en un criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dictaminar que las actuaciones debían ser remitidas al fuero federal, en el cual se debe sancionar el tráfico ilícito de drogas.
En este sentido, se explicó que en las intervenciones de líneas telefónicas habría diálogos elocuentes a la comercialización de estupefacientes, como el encargo para llevar o buscar lo que supuestamente sería droga, para ir a cobrar dinero o pagarle a quien corresponda, así como el apriete a los que estaban en deuda.
Pero un hecho clave para que la Fiscalía vinculara a la banda con el narcotráfico fue la reciente detención de distintos sujetos que están mencionados en esta causa, en el marco de una investigación por distribución y venta de drogas por parte del Juzgado Federal y la Dirección Toxicología de la Policía de Entre Ríos. Por ejemplo Hugo Ceola, que es uno de los principales acusados entre los 12 que fueron recientemente procesados por el juez Ríos.
Entonces, el juez Zoff resolvió esta semana que comparte lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, en cuyo dictamen realizó "una minuciosa evaluación de la causa de marras estimando que habiendo profundizado la presente investigación, estableciendo los hechos que se han atribuido a los encartados y recabada la evidencia, surge de los informes presentados (. . .) que uno de los fines de la Asociación delictual es la tenencia, comercialización, distribución y transporte de estupefacientes".
Entre las pruebas que se incorporaron a la causa están las pericias a celulares y computadoras secuestradas e informes de Inteligencia Criminal de la Policía, además de las escuchas.
La causa lleva unos tres años teniendo en cuenta el momento en que se dio inicio al estado de sospecha. Tuvo momentos de avances y meses de parálisis. En total son 21 los imputados y los defensores cuestionaron a lo largo del proceso que no está probado el delito de Asociación ilícita.
Cabe recordar que al momento de las escuchas telefónicas Barrientos estaba procesado por un doble homicidio ocurrido en el barrio Paraná XX, con prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1. Luego fue condenado en un juicio abreviado a 11 años y medio de prisión. Estiman que a mediados de este año podría obtener las salidas socio laborales y familiares, en el marco del cumplimiento progresivo de la pena.
