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Desde el Ministerio Público de la Acusación, la respuesta acerca de si cabría investigar el hecho que protagonizó la fiscal Valeria Haurigot fue que no se trata de ningún "tema oficial", ya que el episodio "no tuvo relación" con el "desempeño laboral" de la funcionaria.
"Si hubiera sido cumpliendo funciones o cometido otro tipo de falta en relación a su trabajo se evaluaría", explicaron las fuentes judiciales.
En cambio, la fiscal -de la Unidad Investigación y Juicio- "se sometió a proceso como cualquier persona y pagó las multas", detallaron, por lo que pudo recuperar su vehículo.
Más del doble
El incidente se produjo cuando un operativo de la Central de Operaciones de Emergencia (COE) y Tránsito sobre la calle Tomás de la Torre de la ciudad de Funes (y no sobre la ruta 9, como circuló inicialmente) interceptó el auto que venía manejando la fiscal tras salir de un casamiento.
Al hacérsele la prueba de alcoholemia, el resultado dio positivo: 1,2 gramo de alcohol por litro de sangre, cuando el máximo permitido al volante es de 0,5.
Aun así, "en ningún momento" Haurigot "hizo mención a su condición de fiscal a los agentes que intervinieron" en la prueba, aseguraron desde Fiscalía, por lo que definieron a lo ocurrido como un "procedimiento normal" aplicable a cualquier ciudadano.
"Grave inconducta"
Lejos de esa posición, el ministro Silberstein sostuvo que el hecho constituyó una "grave inconducta", que evaluó debería "ser juzgada" a través de un "jury de enjuiciamiento" contemplando "las condiciones y la situación".
Y aunque declinó opinar sobre una eventual sanción, sí consideró que a los fiscales y jueces "se les debe exigir un estándar de conducta muy elevado". Tanto, por ejemplo, como el que le podría caber a un magistrado que exhibiera un "problema de adicciones".
