La causa contra Ilarraz se inició en 2012 sobre los abusos ocurridos en el Seminario de Paraná cuando el cura era prefecto de disciplina, entre 1985 y 1993. Tras más de cuatro años de investigación, el expediente fue elevado a juicio en agosto del año pasado por el juez de Transición Pablo Zoff. Un reclamo de la defensa del sacerdote ocasionó demoras en la integración del tribunal de juzgamiento, que finalmente quedó conformado por Alicia Vivian, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú; Edwin Bastián, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia; y Darío Crespo, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay.
Una lista de 71 testigos fue admitida por los magistrados. Allí figuran las víctimas del cura, que eran chicos que estaban pupilos en la institución al momento de los hechos, y miembros de sus familias. También aparecen el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, y dos de sus antecesores: los ex arzobispos Mario Maulión (2003-2010) y Estanislao Karlic (1986-2003), elevado a cardenal en 2007.
En la nómina de testigos fueron incluidos también los ocho sacerdotes que denunciaron ante Maulión los abusos por escrito mediante una carta fechada en septiembre de 2010: Leonardo Tovar, José Dumoulín, José Carlos Wendler, Alfredo Nicola, Mario Olivera, Agustín Hertel, Leandro Bonnin y el canadiense Joseph Charle Gauthier.
Completan la lista, entre otros, el cura y abogado Silvio Fariña, que estuvo a cargo de la instrucción en el juicio diocesano ordenado por Karlic; y varios sacerdotes que fueron parte del Seminario de Paraná en los años de los abusos.
También se incluye a psicólogos, psiquiatras y forenses que realizaron diversos peritajes, entre ellos la perito de parte puesta por la defensa de Ilarraz, la psicóloga porteña Yolanda Weiss.
En la resolución del tribunal se autoriza la incorporación de nuevas pruebas solicitadas por el fiscal Rafael Cotorruelo, el defensor Juan José Fornerón y los querellantes Marcos Rodríguez Allende, Rosario Romero y Milton Urrutia.
Entre otras medidas, se practicará una nueva inspección judicial en el Seminario, pero esta vez con la participación de las víctimas, a pedido de los querellantes Romero y Rodríguez Allende y del fiscal Cottorruelo.
Por último, se librará un exhorto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por pedido del querellante Urrutia, "a fin de solicitar se informe respecto del estado en que se encuentra el Incidente de Prescripción de la Acción impulsada por el imputado Ilarraz", lo que se espera sirva para apurar la resolución del organismo.
