En una audiencia que se realizó ayer ante la jueza de Garantías en Feria, Paola Firpo, se le impusieron medidas de restricción tendientes a garantizar la seguridad de la denunciante, su ex pareja, con la que tiene un hijo de cinco meses. Según se supo en la audiencia, cuando se conoció la causa, desde la División 911 se le asignaron al efectivo tareas administrativas. Firpo ordenó que las medidas de restricción se extiendan por un período de 60 días que comenzaron a regir desde el martes 17.
En la audiencia, la fiscal de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual, Fernanda Ruffati, expuso los hechos por los que está siendo investigado el efectivo. Se trata de una situación que se manifestó el 13 de enero de 2016, cuando la denunciante confirmó las sospechas de infidelidad que tenía, al corroborar que el hombre iba a ser padre de mellizos. Por este motivo le pidió que se retirara de la casa que compartían.
Según la acusación, el uniformado adoptó una actitud violenta y tuvo un par de incidentes en los que ingresó a la vivienda sin el consentimiento de la mujer, para lo que rompió una puerta, e incluso en una ocasión entró, uniformado, cuando la denunciante se estaba bañando y la amenazó con que la iba a matar e iba a orinar sobre ella.
El defensor público, Juan Carlín, estuvo de acuerdo con las medidas de restricción, al igual que su defendido, que se mostró dispuesto a cumplirlas.
Firpo le impuso al efectivo la prohibición de reingresar a la vivienda en la que vive su ex pareja con su hijo, la prohibición de acercarse en un radio de 200 metros a la casa, la prohibición de permanecer en lugares públicos o privados en los que esté la denunciante, y la prohibición de realizar actos molestos o perturbadores contra la mujer y su núcleo familiar por sí o por terceras personas y por cualquier medio.
La medida de restricción no le impedirá ver a su hijo, para lo cual se acordó un régimen de visita, acorde a la edad del niño y sus necesidades, que facilitará un familiar de la denunciante. (El Diario)
