Policiales Recuento

Finalizó el inventario por la faltante de armas judicializadas

Los encargados del inventario deben elevar los informes detallados respecto a cantidad de armas faltantes, también copia de los informes requeridos a diferentes organismos para tratar de reubicar las armas.
Personal policial y judicial que se encontraba abocado desde hace casi dos meses a la tarea de inventariar los depósitos de efectos secuestrados vía judicial, ubicados en el subsuelo del Palacio de Justicia, culminaron con el trabajo.

Es posible que en el transcurso de la jornada de hoy los encargados del inventario eleven los informes detallados respecto a cantidad de armas faltantes, también copia de los informes requeridos a diferentes organismos para tratar de reubicar las armas que se presume estuvieran en trámite -por evaluación de pericia balística, en poder de algún juzgado, etc- y finalmente se pueda conocer a ciencia cierta, cuantas armas desaparecieron de ese lugar. Hasta hoy, una suposición extraoficial mencionaría que son aproximadamente 300.

Oficialmente se informó al principio de la investigación que en los depósitos de armas había más de 9.000 unidades bajo la guarda judicial, muchas de las cuales debían ser destruidas, otras preservadas para ser investigadas y en su totalidad, debían contar con fichas de fecha de secuestro y número de causa en trámite.

Pero cuando los investigadores comenzaron a desandar este largo camino de explorar en armarios y cajoneras, advirtieron largo tiempo de desidia y un desorden que, ahora se analiza como posiblemente intencional, en medio del cual se notaron graves faltantes.

Como se recordará, la historia que terminó en este relevamiento y en la imputación de tres empleados judiciales y otros civiles, se inició con una investigación que nació en febrero, cuando en la comisaría cuarta de Paraná se incautó un revólver que fue observado como ya secuestrado con anterioridad y enviado a un juzgado como pieza para fundamentar la causa en contra de una persona de apellido Toujan.

Las sospechas que nacieron en aquel momento indicaban una posible recirculación de armas y era un escándalo el solo pensar que desde la institución judicial las armas que entraban en un sobre sellado por una puerta, salieran con precio por una ventana.

La decisión judicial de llevar adelante la investigación recayó en el Fiscal Ignacio Aramberry y los auxiliares de la Justicia para trabajar el caso fueron los funcionarios policiales de la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos.
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