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El acusado es José Manuel Gutiérrez, un empresario de 65 años, nacido en Capital Federal y residente en la localidad correntina de Monte Caseros, que administraba una explotación forestal en Colonia San Anselmo, un paraje rural ubicado a veinte kilómetros de Colón, a la que solo es posible acceder a través del río Uruguay. En el campo empleaba a doce trabajadores que desarrollaban tareas de desmonte sin ningún tipo de cobertura legal y por una escasa paga mensual. Todos vivían en condiciones muy precarias, hacinados en chozas cubiertas con bolsas de nylon, sin electricidad ni agua corriente.
Gutiérrez está acusado por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral mediante el abuso de la situación de vulnerabilidad de sus víctimas. El tribunal fijó fecha de juicio para finales de julio y, en caso de ser condenado, el empresario podría recibir una pena de entre cuatro y diez años de cárcel.
Pero Gutiérrez solicitó la suspensión del proceso a prueba y ofreció pagar una suma de 300 pesos a cada una de sus víctimas como reparación por los daños que le hubiera ocasionado, aunque asegura que tal cosa no existió.
Hace unos días, el tribunal rechazó concederle la probation, siguiendo los argumentos del fiscal José Ignacio Candioti, quien advirtió que la pena que podría recibir Gutiérrez "excede objetivamente los requisitos" que exige la probation, es decir, que la pena no exceda los tres años de prisión. "En caso de dictarse una sentencia condenatoria, la misma nunca podría ser de cumplimiento condicional", sostuvo el fiscal.
Esclavos
El 5 de julio de 2011, inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), junto con agentes de la Dirección Provincial del Trabajo, realizaron un operativo en un predio denominado "Establecimiento La Providencia", ubicado en un paraje rural del departamento Colón.
El campo está ubicado en un paraje rural denominado Colonia San Anselmo, a un costado del río Uruguay, por lo que tuvieron que solicitar el auxilio de Prefectura para ingresar al predio. Allí constataron la presencia de doce obreros que desarrollaban tareas de desmonte de eucaliptos y limpieza del bosque.
El cuadro era de extrema precariedad: los obreros -en su mayoría, correntinos y misioneros- sobrevivían en el monte, en un predio de difícil acceso, hacinados en una carpa de lona con parte de pared de ladrillos, sin puerta ni ventanas, desprotegidos de las inclemencias climáticas, sin agua corriente (que se proveían desde el casco del campo, a unos tres kilómetros) ni luz eléctrica, tampoco tenían baño (hacían sus necesidades en el monte). Dormían en colchones deteriorados, con sábanas y mantas rotas. La comida también era escasa, se las proveía Gutiérrez "cada tres o cuatro días", según dijeron, y se las descontaba de la paga. Cocinaban a la intemperie, con leña, y utilizaban chapas y troncos improvisando mesas y sillas. Los obreros pasaban períodos de veinte días a un mes en esas condiciones, hasta que el "patrón" u otra persona los trasladaba en una camioneta hasta la terminal para que viajaran a ver a sus familias.
La situación laboral tampoco estaba regularizada: tenían registración irregular ante la AFIP (uno de ellos estaba inscripto como monotributista), cumplían interminables jornadas laborales y hasta debían continuar trabajando en caso de enfermedad, para no perder el día, o recuperar los días perdidos en caso de lluvia agregando horas en las jornadas posteriores. La paga era disímil, a pesar de que todos desarrollaban la misma tarea y, de hecho, ni siquiera sabían cuánto era el importe real que Gutiérrez les abonaba. El "patrón" tampoco les proporcionaba elementos de seguridad ni ropa de trabajo adecuada para la tarea que desarrollaban.
Gutiérrez intentó exculparse argumentando que algunos de los obreros descubiertos en el Establecimiento La Providencia en 2011 continúan trabajando para él y en similares condiciones.
Los pormenores del caso se ventilarán en el juicio, previsto para el 25 y 26 de julio.
Antecedentes
El Tribunal Oral Federal de Paraná ha celebrado tres juicios por explotación laboral en la provincia (todos en 2015) desde la sanción de la ley nacional de prevención y sanción de la trata de personas. Sin embargo, en un solo caso se impuso una pena de cárcel.
El primer condenado fue Javier José María Laner, quien recibió una pena de tres años de prisión condicional por la explotación laboral de cinco trabajadores en un predio dedicado a la actividad forestal en el paraje Loma Negra, departamento Concordia.
Unos meses después fue condenado Alejandro Esteban Lindao a cuatro años de prisión por la explotación laboral de siete trabajadores ?tres de ellos menores de 13, 13 y 15 años? en un campo de eucaliptos perteneciente a la misma familia que empleaba a Laner. Es el único que ha recibido una pena de cárcel.
Wu Qiang, nacido en la República Popular China aunque nacionalizado argentino, fue encontrado culpable por la explotación de un compatriota. La explotación no llegó a consumarse y por eso acordó en un juicio abreviado una pena de tres años de prisión condicional. (El Diario)
