Policiales Homicidio ocurrido en 2009

Piden que se fije una recompensa por el crimen del locutor

La Procuraduría recibió el pedido de la querella para que se fije una recompensa a quienes puedan aportar datos sobre el caso; la propuesta deberá llegar hasta el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
En el contexto de la investigación que se realiza para determinar las circunstancias en que fue asesinado el locutor de LT14 Gabriel Insaurralde, la querella solicitó que se fije una recompensa para quien aporte datos útiles y de relevancia para esclarecer el violento crimen. Insaurralde tenía 41 años cuando, el 26 de octubre de 2009, fue hallado sin vida en el interior de un aljibe ubicado a poca distancia de su vivienda, ubicada en calle Balbín al 2.900, a metros de Caputo, en Paraná. Según el informe forense, el malogrado locutor falleció por asfixia por estrangulamiento y después fue arrojado al interior del pozo con algo de agua. Miguel Ángel Cullen, querellante por la familia de la víctima, confirmó a El Diario que el procedimiento fue solicitado y manifestó que "se trata de una medida más en la investigación mediante la que se pretende estimular a quienes tengan y puedan aportar datos útiles y de relevancia que permitan esclarecer o al menos avanzar firmemente en la resolución de esta terrible causa. Por eso entendemos que a través de una recompensa en dinero, que será fijada por el Ministerio de Justicia, se podrá lograr algo".

Cullen recordó que en otras causas que se encontraban estancadas se recurrió al ofrecimiento de una recompensa. En este sentido, señaló que "esta medida no es nueva, se ha aplicado en otras causas, por caso podemos recordar la investigación que se realizó para determinar el paradero de Fernanda Aguirre, del quinielero Pocho Morales y en numerosas causas por delitos de lesa humanidad", planteó.

Fuentes judiciales consultadas precisaron a El Diario que el pedido fue recibido por la Procuraduría General de la Provincia, quien elevará la propuesta al Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia, que lo remitirá al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, quien será en definitiva el organismo que determine la pertinencia de la medida y el monto de la recompensa.
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