En su alegato la semana pasada, el fiscal sostuvo que Gerardo Ruidíaz, Fabio Montañana, Florencio Bogarín y Ariel Lértora conformaron una organización vinculada a un ex jefe de la FARC asesinado en 2012 en Argentina.
Ruidíaz es responsabilizado por la compra y la administración de un campo de 18 hectáreas en la zona de Paraje Arroyo Molino, cercana a Concepción del Uruguay, Entre Ríos. El dinero, según el fiscal, provino de un grupo de colombianos vinculados al ex FARC, fruto del comercio de estupefacientes.
Montañana, por su parte, fue señalado por constituirse como nexo entre los colombianos para realizar la venta del campo y dar una apariencia lícita. Siempre se necesitan amigos locales.
Jairo Saldarriaga Perdomo, alias Mojarro, parecía haberlos encontrado tras llegar a la Argentina con un rastro caliente. Ex miembro de las FARC, estaba ligado según medios de su país al poderoso traficante Daniel Barrera Barrera ?considerado un sucesor de Pablo Escobar?, para el cual habría actuado como jefe de sicarios. Acompañado de su mujer, vivió en el país bajo el seudónimo de Carlos Brausín García.
Saldarriaga no habría venido a la Argentina para un retiro pacífico, una jubilación; fuentes judiciales lo vinculan hoy al doble homicidio del shopping Unicenter en 2008, en donde dos colombianos con antecedentes similares a los de Saldarriaga fueron baleados en el playón del centro comercial. El Mojarro tenía buenos motivos para ocultarse, por otra parte: se sospecha que le habría robado a sus viejos empleadores millones de dólares en droga y efectivo.
En 2012, fue baleado en Recoleta por un sicario argentino: recibió once tiros en total, tres para rematarlo en la nuca cuando ya estaba muerto del todo. Pero hoy, el destino de ese dinero y esa droga se vuelve un poco más aparente.
En los tribunales de Comodoro Py, el fiscal Marcelo Agüero Vera lleva adelante un extenso juicio ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº2, presidido por el juez Claudio Gutiérrez de la Cárcova, contra cuatro argentinos por los delitos de lavado de activos y tráfico de estupefacientes. En su alegato la semana pasada, el fiscal sostuvo que Gerardo Ruidíaz, Fabio Montañana, Florencio Bogarín y Ariel Lértora conformaron una organización vinculada a Saldarriaga.
Ruidíaz es responsabilizado por la compra y la administración de un campo de 18 hectáreas en la zona de Paraje Arroyo Molino, cercana a Concepción del Uruguay, Entre Ríos. El dinero, según el fiscal, provino de un grupo de colombianos vinculados al ex FARC, fruto del comercio de estupefacientes. Montañana, por su parte, fue señalado por constituirse como nexo entre los colombianos para realizar la venta del campo y dar una apariencia lícita.
Por otra parte, Ruidíaz, Bogarín y Lértora son acusados de montar una maniobra para enviar 120 kilos de cocaína a Europa a bordo del buque MSC Cádiz, con bandera de Liberia, desde la Terminal Portuaria Río de la Plata S.A, en un contenedor declarado como vacío. El primero, según Agüero Vera, adquirió la sustancia, Lértora ?como jefe de contenedores vacíos de la terminal? se habría encargado de elegir tanto el buque como la fecha para la maniobra y coordinar los movimientos del contenedor dentro de la terminal. Bogarín colocó la droga en el contendor.
El fiscal pide diez años de cárcel para Bogarín. Para Lértora, siete años y siete meses. Ruidíaz, 12 años y una cuantiosa multa. A este último, por otra parte, en un allanamiento en un depósito en Loma Hermosa se le encontraron precursores químicos empleados en la fabricación de cocaína, según consignó Infobae.
Así, se conforma un juicio al menos llamativo, que revela la colaboración argentina a los colombianos fugados de su país para reciclar cocaína y capitales. La estructura no está completa: fuentes judiciales hablan de otros tres prófugos, dos de ellos colombianos. Más de testigos pasaron por el juicio. El abogado Miguel Ángel Pierri defiende a dos de los imputados y dará su alegato el próximo jueves. Sin embargo, este no es el único proceso en Tribunales que involucra a Saldarriaga: su presunto asesino enfrenta un juicio también.
La fiscal general Mónica Cuñarro, especializada en narcotráfico y delitos complejos, sostiene la acusación contra Jonathan Aristimuño -un joven oriundo de la Villa Tranquila de Avellaneda- tras una nutrida instrucción suplementaria y con pruebas voluminosas. Sin embargo, admiten fuentes judiciales, no hubo cruce alguno de información entre ambas causas; ocurrieron independientemente una de la otra, a pesar de estar íntimamente conectadas a simple vista. Fuentes judiciales admiten: "Desde la causa por lavado nunca se cruzaron datos claves." Por otra parte, Cuñarro lidia con un expediente de una gravedad inusual: aún no recibió asistencia con recursos tecnológicos ni humanos extra ni de parte de la Secretaría de Seguridad y otros organismos oficiales.
