El fiscal José Ignacio Candioti y los defensores Luis Leissa, Víctor Rebossio y Osvaldo Fernández presentarán este viernes sus alegatos en el juicio contra dos integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.
Miguel Ángel González, de 71 años, y Miguel Pérez, de 67, enfrentan la posibilidad de recibir una pena de entre seis meses y 5 años de prisión, en caso de ser condenados. Sin embargo, sus defensores confían en que serán absueltos.
A los asambleístas, jubilados de Gualeguaychú, se les atribuye la creación de un riesgo que tuvo como consecuencia la muerte del motociclista Walter Alejandro Maulucci, es decir, se les imputa haber colocado el acoplado contra el cual se estrelló el motociclista bonaerense, no retirarlo de la ruta o no señalizar su presencia mediante la colocación de balizas, conos o triángulos refractarios, algo que ha quedado desvirtuado por los testimonios de los catorce testigos que desfilaron durante dos días ante el tribunal. Tanto es así que uno de los jueces, tuvo algo así como un arranque de sinceridad brutal:
Es el segundo día de audiencias y todavía no entiendo por qué estos señores están sentados acá exclamó en medio del interrogatorio a María Alicia Rivero, la joven que dio el primer aviso del accidente a los gendarmes que estaban apostados en Arroyo Verde y terminó procesada, al igual que González y Pérez.
Tragedia y marcha
El accidente ocurrió el 26 de abril de 2009, aproximadamente a la 1.45, previo a la quinta marcha al puente para protestar contra la instalación de la planta de pasta de celulosa de Botnia en el vecino país. Maulucci, de 33 años, volvía de la República Oriental del Uruguay cuando estrelló su motocicleta marca Motomel Custom de 150 centímetros cúbicos contra la parte trasera de un semirremolque que se encontraba sobre la ruta, en el paraje Arroyo Verde. La pericia accidentológica no pudo determinar la velocidad a la que circulaba y tampoco se encontraron indicios de derrape, frenadas ni maniobras evasivas en el lugar.
La acusación contra González y Pérez es por haber colocado el acoplado contra el que se estrelló Maulucci, no retirarlo de la ruta o no señalizar su presencia.
María Alicia Rivero fue quien avisó lo que había ocurrido a los gendarmes que estaban apostados a 300 metros del lugar del accidente, en un destacamento instalado con motivo del corte de ruta. En ese tiempo era estudiante de Ingeniería en Ecología, estaba radicada en Buenos Aires, y había concurrido a la marcha con algunos compañeros.
No sé por qué los eligieron a ellos, dijo sobre la acusación que enfrentan González y Pérez. Había otra gente en el lugar, turistas acampando, extranjeros, mucha gente que venía a acompañar el reclamo de la Asamblea, explicó.
Tampoco supo por qué ella misma fue acusada. Tal vez me vinculó Gendarmería, porque después de que les avisé vinieron al refugio a pedirme los datos, ensayó como hipótesis ante el tribunal.
Otro testimonio reforzó las críticas que la Asamblea Ciudadana Ambiental dirigió hacia la Justicia Federal de Concepción del Uruguay: La Policía no tenía sospechosos, aseguró Lorenzo Villalba, el oficial que realizó el sumario.
La causa tuvo un cuarto procesado: Enrique Alejandro Reichel, que tampoco era de Gualeguaychú, sino que estaba circunstancialmente en el lugar para participar de la marcha que se realizaría ese día hasta el puente internacional. Su nombre, aparece en el primer informe policial y de ahí surgió la imputación, que luego fue procesamiento. El hombre debía comparecer ayer, pero no lo hizo.
González y Pérez llegaron al juicio acusados de colocar el acoplado, no retirarlo de la ruta o no señalizar su presencia. Sobre eso discurrieron las declaraciones que dieron los policías que estuvieron en el lugar del accidente.
La Policía, como Gendarmería, tenía un destacamento en el paraje de Arroyo Verde, donde se centralizaba el corte de ruta que mantenía la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú desde el 20 de noviembre de 2006. De ese tiempo data, según un informe policial, la presencia del acoplado en el camino.
La función que teníamos era comunicar cualquier novedad que se produjera, por ejemplo, evitar que haya trompadas; nuestra función era de la ruta para abajo y Gendarmería se ocupaba de lo que ocurría sobre la ruta, graficó el policía Eduardo Etchegoyen, que estaba en el lugar cuando se produjo el accidente y fue imputado en primera instancia, junto con los asambleístas.
Osvaldo Acosta y Lorenzo Villalba, ambos policías, también concurrieron esa madrugada al lugar del accidente. Coincidieron en que había una espesa neblina, que la visibilidad estaba reducida y que era peligroso conducir en esas condiciones.
Los tres destacaron la iluminación en la zona, porque la Municipalidad había instalado postes de alumbrado público, y coincidieron en que también estaba señalizado el lugar del corte de ruta. Yendo hacia el puente (desde Gualeguaychú) se veía señalización, pero la visibilidad era casi nula por las condiciones climáticas, dijo Villalba. Etchegoyen también mencionó haber visto conos y balizas cerca de donde ocurrió el accidente. Y Alberto Fernández, otro policía que declaró ante el tribunal, agregó que siempre estaban los conos, antes y después de la barrera.
Horizontalidad para las decisiones
Seis años pasaron desde el accidente que le costó la vida a Walter Alejandro Maulucci y todavía no se ha podido determinar a quién pertenece el semirremolque contra el que estrelló su motocicleta. Tampoco se sabe quién lo llevó hasta Arroyo Verde.
Pero en el juicio quedó claro que las decisiones respecto del corte de ruta no eran individuales.
¿Quién tomó la decisión de cortar la ruta? preguntó Lilia Carnero, la presidenta del tribunal, buscando así determinar también quién pudo haber colocado el acoplado.
El pueblo de Gualeguaychú le respondió sin dudar el policía Alberto Fernández.
María Alicia Rivero explicó que las asambleas era muy transversales, no había un líder sino que las decisiones se tomaban levantando la mano.
La dinámica de la toma de decisiones en la Asamblea Ciudadana Ambiental no es un secreto y es otro aspecto que torna más absurda la acusación contra González y Pérez.
Todas las decisiones las tomaba la asamblea, nadie tomaba decisiones individualmente, remarcó el policía Etchegoyen.
Por lo demás, también un impedimento práctico para mover el acoplado de la ruta: era imposible quitarlo sin un vehículo, según lo dijeron a coro asambleístas, gendarmes, policías y peritos. Mucho menos podrían haberlo hecho González y Pérez.
