El sacerdote, acusado de graves hechos de abuso contra adolescentes mientras fue prefecto de disciplina en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, entre 1985 y 1993, deberá hacerse presente a las 16 para el trámite de la revisación médica; una hora después, a las 17, deberá presentarse ante la jueza Firpo.
Ilarraz ya estuvo en Paraná, por primera vez luego de que se abriera la causa penal en su contra, en septiembre de 2012, el pasado lunes 6 del actual para cumplir el trámite de la pericia médica. Pero el procedimiento finalmente no se realizó: la defensa del sacerdote pidió postergar el trámite hasta después de la indagatoria, que será hoy.
El viernes, el procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García, acompañado por los querellantes Rosario Romero, Marcos Rodríguez Allende y Milton Urrutia, pidió expresamente a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que se garantizara que la indagatoria no fuera pospuesta, a lo que el máximo tribunal respondió afirmativamente.
La indagatoria tendrá lugar hoy aún cuando ayer la Sala Penal del STJ no pudo llegar a un acuerdo respecto del recurso extraordinario presentado por la defensa de Ilarraz contra el fallo de la Cámara de Casación Penal de noviembre último.
El 18 de noviembre de 2004, Casación rechazó el planteo de prescripción, y a través del voto del vocal Rubén Chaia consideró: No estamos frente a un delito de abuso común, tampoco frente a un caso que afecta sólo a personas particulares, estamos frente a un caso de especiales circunstancias que por su trascendencia, implicancia y afectación de derechos trasciende el ámbito de la cotidianeidad tribunalicia y nos coloca frente al deber de permitir la investigación para evitar responsabilidades internacionales pero y sobre todo, para impedir que a partir del ocultamiento oscurantismo de estos hechos, se vuelvan a repetir.
La defensa pretende que se declare nulo ese fallo, pero para eso debe expedirse la Sala Penal del STJ, que ayer decidió posponer para el 27 del actual una resolución definitiva al respecto.
La audiencia para debatir el recurso tuvo lugar a la mañana, y durante más de dos horas las partes expusieron sus fundamentos. Por la tarde, se esperaba una definición que finalmente no ocurrió. El querellante Marcos Rodríguez Allende fue el vocero y explicó: la Sala Penal no ha llegado ningún acuerdo respecto de la decisión a tomar. Esto significa que los tres altos miembros del STJ no han acordado sobre si esta causa ha prescripto dentro de los términos que plantea la defensa, o por el contrario, si los argumentos del Ministerio Público Fiscal y la querella han sido tenidos en cuenta.
Pero al margen de esa dilación, Rodríguez Allende dijo que la indagatoria de hoy deberá darse sin postergación. El padre Ilarraz tiene la obligación de presentarse, aclaró el abogado.
La audiencia para debatir el recurso extraordinario de la defensa del cura Ilarraz contra el fallo de Casación sirvió para que el defensor Juan Ángel Fornerón pusiera el acento en las aparentes contradicciones en los distintos pronunciamientos que hubo a lo largo de los dos años en que se tramitó el expediente.
Los argumentos se expusieron ayer, en la audiencia a la que convocó la Sala Penal del STJ, y que fue presidida por los vocales Carlos Chiara Díaz, Claudia Mizawak y Daniel Carubia.
La defensa del cura, representada por Fornerón y el tucumano Jorge Muñoz, insistió con la prescripción de los delitos que se le imputan a Ilarraz, que están enmarcados en el artículo 125º del Código Penal, promoción a la corrupción de menores agravada, cuya pena máxima prevista es de 10 a 15 años de prisión.
La defensa sostiene que los hechos investigados ocurrieron más de dos décadas atrás, y por tanto no se pueden investigar por cuanto ya se excedió el plazo de la pena máxima que podría recibir en caso de ser hallado culpable.
Pero ayer, la defensa centró su exposición en los distintos argumentos de los pronunciamientos judiciales que hubo en torno a la prescripción. El primer juez de la causa, Alejandro Grippo, que rechazó esa vía; la sala 1 de la Cámara del Crimen, que revocó el fallo de Grippo, y dijo que los delitos estaban prescriptos; y luego otro fallo de la sala 1 de la Cámara del Crimen, con distinta composición, y la Cámara de Casación Penal, en estos dos últimos casos, con un rechazo a la prescripción.
Fornerón dijo que las víctimas pudieron acudir a la Justicia en su momento, y no lo hicieron. No existe ningún elemento que diga que la Iglesia haya obstaculizado el acceso a la justicia de las víctimas, apuntó. Y resaltó que la Iglesia no tiene facultad para investigar un delito, que debían ser las víctimas las que acudieran a los tribunales, y que no lo hicieron en el momento que correspondía.
Y dirigiéndose al procurador y a los querellantes señaló que en el expediente no se ha acompañado ninguna prueba que sea interruptiva de la prescripción. Y negó que el caso del abogado involucrado en un caso de abuso de menores, César Gustavo Bechetti, sea un antecedente válido.
Luego, en referencia a la causa Ilarraz, sostuvo: se ha vulnerado la garantía del debido proceso, alertó que un eventual rechazo a la prescripción podría sentar un precedente internacional desfavorable.
A su turno, el otro defensor, Jorge Muñoz, habló de la instrucción de la causa Ilarraz como de una persecución penal, y reprochó la actuación del fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull a quien endilgó haber pretendido negociar con un imputado de abuso de menores en Tucumán su libertad a cambio de aportar datos a la causa Ilarraz.
Dijo que las pruebas se recolectaron de manera animosa, rozando los delitos penales, un asunto que mereció un duro reproche del procurador García.
Repetitivos. El querellante Rodríguez Allende planteó los argumentos repetitivos de la defensa, y agregó: Nos han dado clase de prescripción pero no sabemos de qué hecho hablamos. No nos contestan sobre lo más importante, los hechos atribuidos a Ilarraz. Agregó que hubo una clara vulneración de garantías de los niños al no llevar el caso a la Justicia, y una clara violación de los derechos humanos. Rodríguez Allende señaló que la Iglesia conoció los hechos y desarrolló una investigación. Pero esto quedó en el máximo de los secretos. Conoce los hechos, los investiga, los sanciona, pero calla.
Rosario Romero puso de relieve un dato: en los casi tres años de instrucción de la causa, Ilarraz nunca dio la cara, y ponderó que en la audiencia de ayer estuvieran presentes dos de las siete víctimas que dieron su testimonio en la Justicia contra el cura. También puso de manifiesto la presencia de dos valientes curas, en referencia a José Dumoulin y Leonardo Tovar.
Planteó la necesidad de seguir investigando, dijo que en la instrucción se ha hecho mucho pero que no se ha podido llegar a la indagatoria, y que una vez que ello ocurra, que Ilarraz esté en Tribunales, podrían presentarse nuevas víctimas.
Respondió los argumentos de la defensa, y apuntó que no han sido contradictorios los fallos del juez Grippo y de segunda instancia, que no estamos creando una nueva categoría de delito, y que no hay arbitrariedad, y no se le privó a Ilarraz del acceso a la Justicia.
Más breve, Milton Urrutia sólo pidió el rechazo del recurso de la defensa, con costas y vuelta del expediente al Juzgado de Transición Nº 2, que tramita la causa Ilarraz Justo José s/Promoción a la corrupción agravada.
A su turno, el procurador General Jorge García, dijo que el rechazo a la prescripción no es definitivo, de ocurrir así, y que se podría plantear más adelante, pero no en esta etapa de la investigación.
Estamos otra vez aquí, donde nuevamente se pretende tergiversar argumentos de instancias por las que pasó esta discusión. Esto nos lleva a mantener la postura en dos puntos: el carácter prematuro de la prescripción y la gravísima violación a los derechos humanos, dijo García.
Recién podemos iniciar la investigación, y no es cualquier investigación. Hablamos de abusos en condiciones de encierro. Los chicos tenían terror cuando Ilarraz los ponía en penitencia afuera del pabellón y a la noche los hacía entrar a su lugar para prácticas pedofílicas. Acá hay que decir que la política de soterramiento está condenada, sostuvo el funcionario.
Pronunciamiento de la Iglesia
La Iglesia de Paraná se pronunció ayer sobre el avance de la causa penal contra el cura Justo José Ilarraz, sostuvo que viene colaborando con el Tribunal competente en todo lo que ha estado a su alcance para el completo esclarecimiento de los hechos. Asimismo señaló: Nos mueve la firme determinación y compromiso con la búsqueda de la verdad y la aplicación de las sanciones legales que en su caso correspondan, conforme al derecho común aplicable, subrayó la curia.
El texto señala que sigue el cumplimiento de expresas directivas generales del papa emérito Benedicto XVI en el trato de estos gravísimos y dolorosos hechos y el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, en 2011, que por propia iniciativa, pidió instrucciones a la Santa Sede para lograr una solución definitiva y en procura de la justicia. También reiteró el repudio por los hechos y nuestra disposición de acompañar a las víctimas y a sus familias quienes cuentan con nuestra oración y la de la comunidad así como comprensión y afecto.
El de ayer fue el tercer pronunciamiento oficial sobre el caso Ilarraz. El primero, del 13 de septiembre de 2012, planteó que la divulgación del hecho a través de la prensa reavivó nuestra profunda vergüenza e inmenso dolor por faltas gravísimas cometidas por uno de quienes deben servir a la vida moral del pueblo con su ejemplo y enseñanza. En el segundo comunicado, del 22 de septiembre de 2012, la curia local se puso a disposición del juez de Instrucción Alejandro Grippo. (El Diario)
