De acuerdo a lo que precisaron fuentes judiciales a Diario Río Uruguay, las condiciones de hacinamiento en la que viven dos centenares de personas derivaron en que los Juzgados de Garantías locales comenzaran a implementar -como alternativa- las prisiones domiciliarias en aquellas causas primarias.
De esta manera se busca descomprimir la abarrotada sede penitenciaria, considerando que son delitos menores y que estos "nuevos" imputados no cuenta con antecedentes que acrediten peligro de fuga.
La ley 26.695, de estímulo educativo poco puede hacer con una sobrepoblación y con solo dos aulas para dictar cursos que permitan terminar la primaria o la secundaria, a lo que se suma que estas instalaciones no cuentan con siquiera sanitarios. Vale remarcar que la oferta de talleres de peluquería o electricidad son los que tuvieron una buena respuesta de convocatoria entre quienes persiguen su reinserción en la sociedad al momento de la salida.
Por otro lado, un relevamiento del propio poder judicial apunta que el perfil de quienes están cumpliendo penas se compone en su mayoría por jóvenes entre 18 y 40 años, quienes "cayeron" con penas por robos, abusos y homicidios. Asimismo surge que una buena parte de los reclusos no logra tener el acompañamiento necesario para alejarse del consumo de drogas.
Uno de los pabellones que tiene la UP3 son exclusivamente para delitos de índole federal, entre los que están quienes cumplen condena por narcotráfico, trata de personas o usurpación de marcas, entre otros.
