Durante la audiencia que se realizó hoy, el Dr. Juan Ángel Fornerón, abogado defensor del cura, indicó a Elonce TV: Como venimos sosteniendo desde un principio, la acción penal está prescripta, nos encargamos de refutar los fundamentos por los cuales la Cámara de Casación Penal rechazó nuestro pedido al considerar que los obispos de la Iglesia Católica son funcionarios públicos y que la Iglesia ha violado los derechos humanos de los denunciantes. En esa línea, el letrado afirmó que esos fundamentos no son ciertos; La Cámara tiene que casar la sentencia, anularla y resolver la situación a nuestro planteo, estimó.
En la oportunidad, el otro defensor del religioso comentó que el contacto que mantienen con su defendido es telefónico debido a que Ilarraz reside en la provincia de Tucumán. Él está absolutamente tranquilo y confía en la administración de la justicia, contó el Dr. Muñoz.
A diferencia de lo que esgrime la querella y el Ministerio Público Fiscal porque ellos quieren seguir investigando, entendemos que el requerimiento fiscal de instrucción fue al delimitar temporalmente las víctimas, pasaron de publicar que existían 50, 70 niños abusados, a siete denunciantes, por lo que estamos a la espera de que la resolución sea favorable a los intereses de nuestro defendido, justificó el letrado.
Por su parte, el procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Amilcar García, señaló: Creemos que los hechos ocurridos en el Seminario Menor significan una gravísima violación a los derechos humanos que están protegidos por la Convención Internacional de Derechos Humanos por los derechos de los niños que son superiores en jerarquía a cualquier norma del derecho interno e impone la obligación al Estado de investigar estos hechos y no hacer caso a la prescripción.
Contrario a lo que dice la defensa, el transcurso del tiempo debería quedar de lado en este caso en especial de acuerdo a la ponderación de principios, fundamentó el Procurador, al tiempo que alentó: Queremos que nos dejen investigar.
Esta táctica de la defensa de impedir que el acusado se siente a siquiera ser identificado, es parte la continuidad de soterrar estas investigaciones que encabeza el Vaticano y continua revictimizando a los niños que fueron víctimas, criticó García.
En la causa que se activó en 2012 luego de un artículo en Análisis- se investiga la responsabilidad de Ilarraz, a quien se lo imputa por delitos contra la integridad sexual que habría cometido contra menores en el Seminario entre 1985 y 1993 y tendrían como víctimas a chicos de entre 12 y 14 años. Allí estaba a cargo de unos 100 niños pero finalmente, sólo siete testigos comparecieron en la causa. Elonce.com
