La violencia como moneda de cambio cotidiano; un supuesto negocio con una vivienda de un barrio con problemas de infraestructura, entendido como mercadería; el diseño disfuncional de un barrio ideado para otro modelo de familia, con un jefe trabajador como cabeza; el Estado que atiende otras necesidades; la sombra de los negocios narco; chicos sin opciones de rumbo ni destino. En este cóctel pueden enumerarse algunas de las causantes que llevaron, en su combinación, a desatar un conflicto entre vecinos en un barrio casi de la periferia de la capital provincial y que llegó a los estrados judiciales.
La respuesta fue inédita. La jueza de Transición Nº 2, Paola Firpo, se presentó en el barrio (el mismo en el que horas antes un efectivo de la Policía de Entre Ríos fue agredido a tiros), tras convocar a las partes para ver cómo están dispuestas las viviendas en conflicto, determinar quiénes son los ocupantes de las mismas y las condiciones en las que accedieron a las unidades. Acompañaron a Firpo los representantes legales de Mónica Olivera, Carina Gaitán, Ana Escobar y Olga Pérez, los letrados Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli; y los abogados de Francisco Antonio, Néstor Fabián y Jaime Martín Pereyra: Boris Cohen y Juan Manuel Benítez. También estuvo el fiscal Ignacio Arramberri. La comitiva recorrió los pasillos del complejo habitacional y habló con los vecinos, con la custodia de efectivos de la comisaría 12ª.
A la hora de explicar el porqué del inusual desembarco en un barrio con alta conflictividad, Firpo manifestó a El Diario que quería ver cómo estaban diagramados y cómo estaban dispuestos lo domicilios de las víctimas denunciantes y de quienes están denunciados como supuestos autores de los ilícitos. Hicimos una recorrida a partir de datos que quedaban muy abstractos en el expediente, en el que no se podía puntualizar algunos domicilios de los que las víctimas decían que otras personas en el barrio padecieron las mismas circunstancias que habrían padecido ellas en cuanto a violencia producto de disparos, por eso venimos a constatar. Pedí que viniera Criminalística para sacar fotografías y planimetría del lugar y tener una buena visión de cómo están dispuestas las casas y cómo está la situación, contó.
La jueza destacó que la problemática es realmente compleja, hay una agresividad latente en el barrio. Mientras caminaba los vecinos querían aportar datos en pro o en contra de las partes y opinó que esto excede el ámbito penal, es una problemática social, sostuvo. Además resaltó que a la medida se arribó por pedido de las partes: Dialogando las partes, tanto defensores como querellantes, vamos a buscar una instancia donde se pueda dialogar y hablar, porque esto excede el ámbito judicial, afirmó.
Firpo adelantó que analizará citar a otros organismos del Estado para que intervengan con sus dispositivos en el barrio. En este sentido precisó que la inspección se hizo con el apoyo de la comisaría 12ª, con personal de Criminalística, y estoy evaluando citar a la Municipalidad para pedirle colaboración a través de los Centros Comunitarios y de la intendencia, y no sólo por este barrio, porque la problemática, si bien se focaliza acá, de los dichos de testigos surge que comprende a otros barrios aledaños como Hijos de María y López Jordán. En este sentido añadió: Vamos a ver la manera de citar a los presidentes de las vecinales. No quiero que sea dentro del ámbito judicial, en el juzgado, sino que nos vamos a trasladar al Centro Comunitario del barrio para analizar la problemática, porque de lo que se trata es de brindar soluciones.
Respecto al supuesto negocio con viviendas en el barrio que quedó en estado de vulnerabilidad cuando las unidades se resquebrajaron y los ocupantes se retiraron quedando a merced de personas que necesitaban una casa, Firpo expresó: Estoy investigando denuncias de presuntos ilícitos, y eso tendría que ver un poco con la cuestión de fondo. Es una problemática social donde se intercambian viviendas, otras están supuestamente usurpadas porque no se puede recabar información, otros que dicen que se la prestó un pariente, es complejo y la respuesta excede el ámbito penal, porque ninguna respuesta que surja del fuero Penal va a dejar conformes a ambas partes.
Acercamiento
Vartorelli, en tanto, evaluó que se trató de una medida que tiene múltiples propósitos, uno de ellos es tomar conocimiento directo del barrio y de los domicilios que han sido señalados en la denuncia; por otro lado hablar directamente con los vecinos para tratar de entender el conflicto social que desde hace tiempo aqueja no solo a este barrio sino a otros lindantes. Es una medida acertada, concurrieron todas las partes. Lo más importante es que puede ser el puntapié inicial para la solución del conflicto que abarca no sólo a los denunciantes y denunciados sino a toda la comunidad del Lomas II y de los barrio aledaños.
Por su parte, Cullen coincidió con Vartorelli en que la evaluación es muy positiva, incluso se lo ve en el reflejo de los vecinos que están contentos con que la Justicia haya venido al barrio porque no sólo fue una inspección, sino que se entrevistó a gente, se preguntó, se escucharon quejas y las problemáticas, se empezó a buscar puntos de solución entre las partes intervinientes. El letrado evaluó además: Me parece que realmente fue el puntapié inicial muy importante y celebrable, que la gente sepa que la Justicia también llega a ellos, que tienen sus derechos como para reclamar lo que considere es su derecho y saber que se los está escuchando. No se trató de una inspección normal, fue una medida innovadora.
Cullen destacó la buena voluntad de las partes y refirió: Nosotros, como representantes de una parte en conflicto hemos hablado con la otra parte sin ningún tipo de problemas, tratando de acercar alguna solución, que es lo que todo el mundo quiere. De la misma forma los abogados representantes de la otra parte pudieron hablar sin ningún tipo de problemas con nuestras representadas. Parece que hay buenos augurios para arribar a una solución en una zona que hoy por hoy es una de las más problemáticas de la ciudad.
Cohen reseñó por su parte que esto se inicia por la denuncia de un grupo de mujeres que indicaban a una familia de apellido Pereyra como usurpadores de casas en el barrio Lomas II para luego venderlas y luego instalar punto de venta de drogas. Investigando en el barrio, a poco de andar, pudimos establecer que hay un conflicto entre vecinos que tiene varios puntos de trasfondo, precisó. En este sentido, el letrado enumeró que uno es que la vecinal, que es presidida por la hermana de una de las denunciantes, que percibe subsidios no reintegrables que son manejados a discreción de los cuales no se rinden cuentas; el segundo es una disputa personal entre una de las mujeres y la familia Pereyra en razón de que aparentemente uno de ésta familia tuvo una malograda relación sentimental que habría terminado con encono; el otro es la mediatización que han hecho las denunciantes, agrandando, ampliando todo lo que tiene que ver con la imputación primigenia que era por amenazas, llevándola a asociación ilícita, usurpación, lo que rechazamos categóricamente, enumeró.
Cohen destacó que hubo cuatro allanamientos en la casa de la familia Pereyra y no se halló ni drogas, ni armas, ni elementos robados. Además opinó que se pudo transitar otros caminos para resolver el conflicto: Se podría haber utilizado el Centro de Mediación Penal; nos hemos ofrecido para ir en conciliación, se llevó a un extremo en que se judicializó con todo lo que significa, recapituló.
