Como se informara anteriormente, Vázquez fue acusado por la fiscal de turno, doctora Melisa Ríos, por lo que se lo detuvo y se lo notificó de los cargos, quedando privado de su libertad porque la parte acusadora, consideró que existen riesgos de fuga o entorpecimiento.
La medida generó la inmediata reacción del defensor particular, Félix Pérez, que adelantó que apelaría la medida y solicitó la revisión de la misma, lo que se hizo este lunes a primera hora, ante el doctor Tomás Rojas, juez de Garantías.
La presentación de pruebas
Luego de un fin de semana de una extensa labor por parte del defensor, recabando elementos para demostrar que su cliente debía estar en libertad, el letrado presentó numerosa documentación para que fuera evaluada por el magistrado.
Así el doctor Pérez, señaló en su alocución, que el joven Vázquez, no cuenta con antecedentes penales tanto en su país de origen como en la Argentina, destacando que vive en familia en domicilio fijo, por lo que presentó documentación que lo acreditaba, entre ellas un contrato de alquiler y factura de ENERSA.
También destacó que es un joven instruido, que además realizó diferentes cursos de perfeccionamiento, argumentando que esto demuestra su interés por progresar, agregando que cuenta con trabajo firme, ya que se dedica a la venta de muebles con su familia
Respecto a lo sucedido esa noche, el abogado fue terminante, señalando que su representado no fue el que originó el problema, sino que fue víctima de la injustificada agresión policial y que para demostrar eso presentaba el video que se vio por Internet, asegurando que no se ve tal agresión y que tampoco se ve la supuesta sustracción del arma reglamentaria.
Por otra parte, consideró que el supuesto ataque no era tal y se apoyó en la inacción de un funcionario policial que estaba junto a su cliente y el oficial, cuando ambos estaban en el piso y su pasividad evidenciaba a su criterio que el agredido era su cliente, recordando que la violencia fue de los uniformados y que las familiares de Vázquez ya realizaron la denuncias ante la Justicia.
Finalizando su alegato, el letrado también recordó que más allá de la responsabilidad o no de su cliente en los hechos de autos, todos estos son con penas de cumplimiento condicional, por lo que consideraba que se actuaba fuera del marco de la ley al privarlo de su libertad, ya que bien se pueden aplicar medidas menos gravosas mientras dure la IPP, aclarando que los riesgos procesales deben demostrarse y no sostenerse con meras conjeturas.
A su turno, la doctora Ríos, confirmó su postura y solicitó que se mantenga la prisión preventiva, asegurando que el defensor interpretaba los videos a su conveniencia y recordaba las serias lesiones que había sufrido el oficial policial.
La doctora Melisa Ríos dijo que a su criterio, existió y existe un peligro de entorpecimiento y aseguró que en el video se lo ve al acusado pegándole al oficial y rodeado de sus familiares, demandando la intervención de otro funcionario para recuperar el arma y evitar que siga la golpiza. Por otra parte indicó que el acusado tuvo la actitud de entorpecer el desenvolvimiento de la administración de Justicia, resistiendo a una orden policial, atacó al funcionario para evitar el procedimiento y ocultó el carro y la moto, que no fueron hallados en el domicilio al ser allanado, agregando la fiscal que el acusado dio un domicilio en el cual no fue localizado y además no concurrió a Tribunales al ser citado para ser examinado por el médico forense y no fue a la Sección Antecedentes de la Policía cuando se lo citó para ser identificado.
También destacó que se estaba ante un daño agravado a bienes del Estado y no se trataba de un daño simple, como argumentó la Defensa y solicitó que se valorar la naturaleza del hecho investigado, el bien jurídico protegido, que entorpeció el accionar policial, atacó a un funcionario público junto con sus familiares, le sacaron el arma al funcionario y cortaron las cubiertas a la camioneta policial. Por todo eso, la fiscal consideró que hay elementos contundentes para la acusación y existe evidentemente el riesgo de entorpecimiento, por lo que solicitó mantener la prisión preventiva.
Tras los alegatos, el doctor Tomás Rojas, dispuso no hacer logar al pedido de la Fiscalía y ordenó la inmediata libertad de John Esteban Luján Vázquez, debiendo respetar las restricciones, como la de no salir del país, abstenerse a mantener contacto con la otra parte, no cometer actos ilícitos y concurrir los viernes de 8 a 12 a la Fiscalía para el control de residencia.
