En la sentencia, los magistrados sostuvieron que dada la inoficiosidad de la labor profesional por la cual se pretende la regulación de honorarios toda vez que este Tribunal declaró su incompetencia y ordenó su archivo-, no corresponde hacer lugar al pedido formulado.
El Tribunal sostuvo que toda vez que la obligación que asume el profesional frente a su cliente es de medio y no de resultado; si bien persiste el derecho a honorarios, incluso en caso de que el profesional no realice una tarea exitosa, ello no ocurre ante situaciones que se reputan inoficiosas, inconducentes, inútiles o inviables. Efectivamente, la labor que no produce efecto sustancial o procesal no origina derecho a retribución alguna. En esta línea, se añadió que ciertamente, toda vez que la dirección técnica del asunto se encuentra en cabeza del profesional actuante y que dicha labor para ser considerada debe concretarse en actuaciones eficaces, la función del abogado es guiar a la parte que asiste evitando requerimientos inoficiosos.
En la sentencia, la Cámara citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fijó que resulta improcedente la regulación de honorarios profesionales cuando la actuación cumplida debe ser reputada inoficiosa, es decir carente de toda utilidad para lograr el efecto perseguido con su presentación.
El Tribunal evaluó que el letrado manifestó que su labor produjo efectos procesales, que comenzó en 2012 y consistió en la redacción del recurso, la presentación de escritos, la asistencia a la mesa de entradas de la Cámara y la enervación de la jurisdicción, por lo que entendió que existió trabajo de su parte que debe ser remunerado.
En su pedido, el abogado expresó que la declaración de incompetencia no obsta el derecho de los letrados intervinientes a cobrar honorarios, por lo que la denegación de aquellos constituiría una violación al derecho constitucional de propiedad.
El Tribunal tomó conocimiento de la causa por el recurso de queja interpuesto y fundado por el letrado contra una resolución que rechazó un recurso de apelación interpuesto por la firma que aquel representaba, contra la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Provincia de Entre Ríos del 31 de julio de 2012. La Cámara Federal decretó su incompetencia para entender en la causa y ordenó su archivo, frente a que el letrado solicitó la regulación de sus honorarios por su labor profesional.
Los magistrados aclararon que esta Alzada, a los fines regulatorios, evalúa la idoneidad de las tareas llevadas a cabo por el apoderado de la parte actora, no la declaración de incompetencia en sí misma. (El Diario)
